Santo Domingo. – A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a John Lariel Báez Álvarez (John 42), acusado de herir de bala a una niña de 9 años en el sector Capotillo.
De acuerdo con la investigación del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde del 29 de octubre, en la calle Respaldo 16, esquina 42, cuando un disparo realizado por el imputado impactó en la espalda de la menor, provocándole una lesión medular que le dejó sin movilidad en las piernas.
Las indagatorias establecen que el incidente se originó por una discusión derivada de una apuesta, en la que participaron el padre del imputado, Juan Pablo Báez (Juan Pablo Sport), y los nombrados Jimmy, Panchito y Enyer, quienes presuntamente regresaron molestos al lugar, uno de ellos portando un arma blanca, como muestra un video incorporado al proceso.
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Durante el conflicto, Juan Pablo Báez empuñó un machete tipo mocha, mientras que el imputado subió al segundo nivel de su vivienda, tomó una pistola y realizó el disparo que terminó impactando a la niña que se encontraba cerca de la escena.
La menor fue trasladada inmediatamente a un centro de salud, donde se confirmó el grave daño en la médula espinal, según certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El arma utilizada, una pistola marca Super, calibre 9mm, fue entregada posteriormente a las autoridades por el propio Juan Pablo Báez.
Arresto y medidas judiciales
Báez Álvarez fue arrestado el 30 de octubre de 2025, en virtud de una orden emitida por la misma jurisdicción, luego de haberse entregado al Ministerio Público.
La Fiscalía ha calificado provisionalmente los hechos como tentativa de homicidio, en violación a los artículos 295, 297 y 304 del Código Penal Dominicano, además de violación a la Ley 631-16 sobre Armas y Municiones por porte y uso ilegal de arma de fuego.
El juez Rigoberto Sena ordenó que el imputado cumpla la medida cautelar en el Centro Penitenciario de La Victoria, y fijó la revisión obligatoria para el 5 de febrero de 2025.

