Siguen creciendo las voces que claman por una mayor protección de las áreas protegidas y las cuencas hidrográficas ante la indiferencia del ministerio de Medio Ambiente, cuyo incumbente no tiene la más mínima preocupación por las Dunas de Bani, las sierras de Bahoruco ni de las zonas reservadas por ley para impedir cosechas de frutos y construcciones de propiedades, como es el caso de Valle Nuevo, lo que impone que las entidades y grupos que luchan por conservación de nuestros bosques y ríos prosigan en su tarea de evitar las depredaciones a nuestros ecosistemas.

A propósito del tema, el ingeniero Aristóteles Almonte, nos envía un aporte sobre el delicado problema medio ambiental. Su epístola se inicia así:
Debe existir una política ambiental, que “los estudios hidrológicos de las cuencas hidrográficas del río y una, en su extensa región de su nacimiento, sean preservadas por una ley, y un decreto presidencial precedente, por los cuales se prohíba terminantemente con cárcel a los actores y a sus financiadores o contratadores, para que dichas áreas regionales sean completamente preservadas y no sean objeto de procesos de deforestación ni de sembradíos, para que no se presenten en dichas regiones casos semejantes como los de “Valle Nuevo, Constanza”. Este debe ser un proyecto formal del ministerio de medio ambiente y recursos naturales.

Esta denuncia sobre los alcances para privatizar el agua de los ríos y arroyos del país constituye uno de los Proyectos de Ley más absurdos que podríamos imaginar, ya que con su aprovechamiento colectivo, las aguas adquieren una importancia extraordinaria, habida cuenta de que su objetivo implica romper el derecho natural de uso y explotación de las aguas superficiales y las aguas subterráneas en todo nuestro territorio.

Considero el indicado proyecto un absurdo político-institucional, que implica la ruptura de un derecho natural del ser humano, en cuanto a sus posibilidades de aprovechar el agua en beneficio prioritario y exclusivo de todos los ciudadanos dominicanos por igual, tanto para el uso agrícola y pecuario, así como para el uso en los acueductos rurales y/o urbanos, así como su importante utilización en proyectos hidroeléctricos, explotación de acuíferos subterráneos y su utilización en programas ambientales, desarrollo turístico y usos relacionados, como los controles de avenidas con presas y represas, para lograr un aprovechamiento integral para beneficio de toda la Población.

Los logros que el país ha obtenido por décadas con la utilización de nuestras aguas corrientes de todas las cuencas hidrográficas, es un deber de toda la población mantenerlas como un patrimonio y/o bien común de nuestra sociedad, por lo que ese proyecto de Ley se enmarca en un despropósito inaceptable, por ser o constituir las aguas superficiales y subterráneas un bien común de toda la sociedad.

Una cosa lo constituye la administración del aprovechamiento, y otra muy diferente consiste en la privatización de su uso, cuyo objetivo claramente debemos rechazar, por lo absurdo de dicho objetivo.
Hago un llamado de atención, en razón de que esas ideas de este proyecto de Ley