A punto de aprobarse un parche fiscal para tapar otro sobregiro en la Ley de Gastos Públicos por más de nueve mil 500 millones de pesos, conviene insistir en que el Presupuesto del Gobierno ha sido literalmente descuartizado por leyes especiales y transferencias obligatorias que lo inhabilitan como instrumento efectivo para la promoción de desarrollo económico y equidad social.

Sobre el Presupuesto gravitan veintidós leyes especiales que asignan montos específicos a diferentes instituciones del Estado, sin que el legislador haya procurado estatutos complementarios para incrementar un ingreso que sería diezmado en un 69 por ciento del total recaudado y un 9.6% del Producto Interno Bruto (PIB). ¿Cómo repartir lo que no se recauda?

Esas leyes imprimen rigidez al Gasto Público, al punto que en los últimos tres años de ejercicio presupuestal, el promedio de asignación global por esa vía asciende a 122 mil 300 millones de pesos, lo que representa un 47.1 de los ingresos y un 6.5 del PIB, proporción alarmante si se toma en cuenta que el Presupuesto de 2011 incluye un financiamiento a través de endeudamiento interno y externo por RD$ 97 mil millones.

La camisa de fuerza impuesta al Presupuesto incluye transferencias obligatorias para cubrir déficit operativo del subsector eléctrico, que desde 2009 ha promediado 14 mil millones anuales, y al Banco Central, para disminuir su déficit cuasi fiscal, que promedia casi 17 mil millones.

Si en vez de tirar ese dinero en saco roto se hubiese consignado a la Educación, ese sector habría recibido en promedio en tres años más de un cinco por ciento del PIB, cifra superior a la que reclaman las sombrillas amarillas.

Puede decirse que el Presupuesto Nacional, en materia de gastos ha sido por años descuartizado como vaca por cuatreros, sin que esa anárquica segmentación corresponda a algún plan de desarrollo o planificación a corto ni a largo plazo, mientras que por el lado del ingreso ningún sector acepta la más mínima cuota de sacrificio a los fines de producir una auténtica e integral reforma tributaria.

El ejemplo más palpable es que aquí sólo se habla de la calidad del gasto, sin que nadie mencione que el Gobierno incurre este año en gastos tributarios (impuesto o arancel dejado de cobrar a través de exenciones y exoneraciones), por 120 mil millones de pesos.

Las leyes especiales que asignan obligatorios porcentajes del Presupuesto a 22 instituciones, así como las transferencias presupuestarias al subsector eléctrico y al Banco Central, representan un 16 por ciento del PIB, tres puntos más que el 13 por ciento de Presión Tributaria (nivel de recaudación fiscal comparado con el PIB), por lo que puede decirse que a causa de esa camisa de fuerza la ley de Ingresos y Gastos Públicos solo sirve para distribuir privilegio y discrimen.