Por sus elevados estándares de eficiencia, vocación de servicio y valor en hacer cumplir la ley, el Instituto de Protección de los Derechos de los Consumidores (Proconsumidor) se erige hoy como una de las instituciones oficiales de mayor credibilidad y compenetración con la población.

Sin más armas que la ley y la razón, esa entidad ha emprendido cruzadas en procura de que los consumidores no sean timados por ninguno de los intervinientes en la cadena de producción o comercialización.

Proconsumidor inició el desmantelamiento de una añeja estructura mafiosa en envasadoras de gas licuado de petroléo, cuyos medidores fueron alterados para ofrecer menor cantidad del producto que la pagada por los clientes.

Ese operativo desató los mil demonios entre empresarios del sector y áreas del propio Gobierno, que intentaron intimidar a la directora de la entidad, licenciada Altagracia Paulino, quien pudo campear la tormenta de intereses.

Cuando una grosera actividad especulativa intentó elevar hasta las nubes el precio del azúcar, Proconsumidor denunció esos espurios propósitos y advirtió que sometería a la justicia a los comerciantes inescrupulosos.

La directora de Proconsumidor dispuso también el decomiso de alimentos vencidos o en mal estado ofertados en góndolas de colmados y supermercados, lo que también le granjeó malquerencia de sectores que no controlan su desbordante afán de lucro.

Se destaca la exhortación de esa institución para que las amas de casa no cubran con fundas plásticas arroz ni otros alimentos en cocimiento, porque ese material genera sustancias que puedes ocasionar cáncer.

Merecidos son los vítores a la licenciada Paulino y a su equipo de Proconsumidor por su valiente y responsable proceder. Ojalá que otros en el Gobierno se vean en el espejo de esa mujer.