La Procuraduría General de la República no respondió esta mañana a la acusación que le hizo la Contraloría General de la República a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), de hacer uso arbitrario de un documento de mero trámite para interponer oposiciones e iniciar procesos judiciales en contra de personas físicas y jurídicas en una instancia judicial depositada el 5 de agosto de este año por ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.
Esta mañana los directores de las procuradurías Especializadas de la Corrupción Administrativa y de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, omitieron referirse al señalamiento que le hace otro órgano estatal, como es la Contraloría General de la República.
El Nacional les preguntó su parecer sobre dicho cuestionamiento, pero prefirieron el silencio.
Un documento emitido por la Contraloría General de la República señala que para deslindar responsabilidades patrimoniales el Contralor nunca recibió el denominado Informe de Auditoria de la Unidad de Antifraude de parte de Radhamés Leonidas Peña Díaz, a quien está dirigido y que el mismo no firmó ni lo tramitó a la Procuraduría, como requieren los artículo 25 y 40 del Reglamento 491-07 de la Ley 10-07.
La Contraloría se desliga del uso dado al documento que califica como mero trámite, que incluso no tiene dictamen ni enjuiciamiento conclusivo, Informe Falso, con el que se obtuvo una decisión judicial el 29 de diciembre para investigar los bienes de 89 personas de la Jueza Coordinadora de los Juzgados de Instrucción.
El documento fue utilizado además por ante el Ministerio de Hacienda para trabar oposiciones a pagos a sentencias definitivas de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Administrativo, en una evidente operación de presión prejudicial que no estando autorizada por la Ley ni por ninguna autoridad judicial, puede generar demandas al Estado por más de RD$ 24 mil millones de pesos que es la suma afectada.
La Contraloría sostiene que el Proceso No. 0022022-ETSA-00333, que busca la nulidad del “Informe” es improcedente porque el mismo es de mero trámite y, no debió ser utilizado por la PEPCA para actuaciones judiciales porque el Contralor no lo resolutó como requiere la Ley 107-13, ni lo remitió a la Dra. Miriam Germán, como establece el Reglamento de la Ley 10-07 en su artículo 40 y, en consecuencia, legalmente no existe.
Otra instancia de la Contraloría de fecha 19 de julio amplía estas consideraciones y, los mismos autores del Informe en un Escrito de defensa, declaran que se trata de un documento interno de trabajo, que no debió tener uso judicial. La Contraloría expuso sus consideraciones en una demanda en intervención forzosa que presentó, con motivo de la demanda en nulidad de ese informe que interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el abogado Ángel Lockward y la entidad Ángel Lockward & Asociados, en contra de la Contraloría.
En la instancia, la institución señala que el responsable de la Unidad Antifraude que recibió el informe, Leónidas Radhamés Peña Díaz, no lo remitió al Contralor Catalino Correa Hiciano, y que por ende, ese funcionario no lo tramitó ni firmó.
Plantea que el documento es interno y privado, y no se puede encasillar como un acto administrativo firme, a la vez que dice ha circulado de manera arbitraria.
Se desligó de las actuaciones de la Pepca, tras indicar que no depende de la Contraloría, ni de su titular que esa dependencia del Ministerio Público haya tomado acciones en vista de un documento “de mero trámite”, paralizando libramientos y realizando interrogatorios.
Intervención forzosa
La demanda en intervención forzosa fue interpuesta por la Contraloría el 5 de agosto, a través de los abogados Arismendy Rodríguez y Camila Consoró. Investigación: Los peritos de la Contraloría investigaron presuntas maniobras fraudulentas entre los meses febrero a julio del 2020, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, y el Consejo Estatal del Azúcar, en perjuicio del Estado Dominicano, por aproximadamente $12,540,449,339.27.
Según el informe, esas maniobras se hicieron a través de múltiples pagos a terceros, por concepto de deuda pública.
