Antes que acogida, comienza a ganar rechazo la tesis de implementar acuerdos propuestos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, para acelerar los procesos y descongestionar las prisiones.
Tras señalar que el sistema judicial ha colapsado, Molina ha sugerido como alternativa que, al estilo Estados Unidos, se busquen acuerdos con los acusados para prevenir los prolongados y costosos procesos judiciales.
En desacuerdo con la propuesta, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, declaró que el Congreso ha proporcionado al sistema judicial importantes herramientas para que sea más eficaz en la ventilación de los procesos.
Ya antes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, había indicado que los imputados por corrupción deben ser juzgados y encarcelados. Es obvio que en caso de probarse las acusaciones, que en muchos procesos ha sido el talón de Aquiles de los expedientes instrumentados por el Ministerio Público.
Al entrar en el debate, el presidente del Senado recalcó la sanción del Código Penal y el Código Procesal Penal entre las herramientas aprobadas por las cámaras legislativas para perseguir y castigar la corrupción y otros delitos.
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Los arreglos se han utilizado para abreviar procesos, pero De los Santos considera que frente a la corrupción hay también que fortalecer las medidas preventivas.
Las respuestas y la indiferencia con que ha sido acogida indican que la tesis de los acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia no encontrará mucho eco.
El Nacional
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