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La relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la República Dominicana es tan esporádica y poco fluida que constantemente parecen trabajar sobre dos agendas totalmente distintas, sin enfoques o criterios comunes, que con frecuencia lucen como si operaran en dos países distintos. El Poder Ejecutivo sólo presenta interés sobre el Legislativo en aquellas piezas que este somete directamente y que este último tiende a aprobar sin mucho debate, mientras que el Legislativo hace sus funciones completamente ajeno a las estrategias y necesidades que pudiera tener el Ejecutivo.

La Constitución prevé para el Congreso un rol de fiscalizador de las acciones del Ejecutivo, pero este sólo ha buscado ejercerlo de una forma adversarial y en muy raras ocasiones, quizás nunca, como parte de educar y documentar su proceso de toma de decisiones como órgano legislador.

El Congreso puede reafirmar su rol de fiscalización desde una perspectiva mucho más colaborativa con el Poder Ejecutivo creando una ley de rendición de cuentas para los funcionarios públicos nombrados dentro del Poder Ejecutivo. El enfoque de esta debe ser lograr la asistencia de esos funcionarios a audiencias públicas donde estos puedan detallar los planes, estrategias, enfoques y necesidades de sus respectivas dependencias y atender a preguntas de los legisladores sobre sus funciones, así como el presente y futuro de sus gestiones sobre dichas dependencias.

Una ley de esta naturaleza no sólo tenderá a fortalecer el rol del Congreso como ente fiscalizador de las acciones del Ejecutivo, sino a promover una relación más dinámica y abierta entre ambos poderes donde estos puedan alinear objetivos y definir prioridades para el beneficio de las acciones del Estado y, en especial, para el país.

Es difícil para el Poder Ejecutivo trazar una estrategia legislativa, y para el Legislativo definir sus prioridades, si no existe una comunicación continúa, abierta y pública entre ambos poderes donde estas necesidades queden definidas, y las observaciones y dudas de los legisladores puedan ser atendidas de forma abierta y de cara al público en general.

El Congreso debe dejar detrás la figura de la interpelación como la única vía de obtener respuestas por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo, y dejar ver su rol fiscalizador no sólo como algo reactivo, para relanzarlo hacia un enfoque inherentemente proactivo y propositivo no sólo por los beneficios directos para su institución, sino como guía y voz democrática para las acciones del Poder Ejecutivo.

Para beneficio del Poder Legislativo, el Ejecutivo, y especialmente el país, es fundamental que la coordinación de acción y prioridades de ambos poderes resulte de una conversación continúa, pública y abierta entre ambos poderes, y la misma debe existir dentro de un marco de cooperación y no adversarial como al que hasta ahora estamos acostumbrados.