El temor que siente el movimiento sindical de que los fondos de pensiones sean utilizados con fines políticos es suficiente para rechazar sin ambigüedades el proyecto de ley presentado por el Gobierno para disponer de los recursos en un pretendido plan habitacional para motorizar el crecimiento de la economía.

En su condición de defensores de los derechos de la clase trabajadora los dirigentes sindicales deben ser los más decididos oponentes a que fondos acumulados para el retiro puedan esfumarse, como ya ocurrió con el Banco de los Trabajadores, en obras cuyo marcado tinte político se nota a leguas.

Es importante que el sector empresarial, que en principio había rechazado el despropósito del Gobierno, mantenga su oposición a un proyecto inaceptable. Los hombres de empresa saben, quizás más que nadie, que las autoridades no han sido siquiera lo suficientemente transparentes en el gasto público.

Pero al margen de la desconfianza, sin reparar en el blindaje jurídico con que se ha querido garantizar la inversión, el Gobierno no debe ni puede disponer de un solo centavo de los 107 mil millones de pesos que componen los apetecidos fondos. Será siempre preferible que los recursos estén a buen resguardo al sobresalto que despierta la iniciativa oficial.

Vale insistir en que con el déficit fiscal que arrastra como resultado del proceso electoral y los miles de millones de dólares en préstamos que ha tomado para obras públicas se torna más inaceptable que el Gobierno tenga que disponer de los fondos de pensiones con el propósito de enfrentar el déficit habitacional y dinamizar la economía.

Las condiciones planteadas al menos por un sector del movimiento sindical no se corresponden con los riesgos que dice temer sobre un uso indebido de ahorros acumulados por los trabajadores para su vejez. Condiciones no es lo que se impone, sino rechazo absoluto. En teoría podría tratarse de la mejor de las inversiones, pero la experiencia no despierta expectativas. Y de ahí lo mejor sería que se apuntara para otra parte.

La diatriba política, como ha sido el caso de la oposición del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por demás obvia, en modo alguno debe constituir tampoco la base para rechazar una pieza improcedente. Pero todos, como Fuenteovejuna, deben ponerse a una para evitar que el Congreso pueda aprobar el uso siquiera de un solo centavo de los fondos de pensiones para programas habitacionales.