Código Procesal Penal
Santo Domingo.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana saludaron este sábado la aprobación en el Senado del Código Procesal Penal y afirmaron que esa decisión abre la posibilidad de, tan pronto sea promulgado por el Poder Ejecutivo, seguir profundizando en la discusión y enmendar los errores que haya cometido el Congreso Nacional.
“Aun cuando nosotros no estamos de acuerdo con algunas de las disposiciones que fueron aprobadas, lo importante es que en el hemiciclo varios senadores abrieron la posibilidad de que, inmediatamente sea promulgada la legislación, entonces podamos reunirnos con serenidad y aquellas cosas que hayan que reformársele, reformarlas”, expresó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
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De su lado, Leidy Blanco García, coordinadora de Participación Ciudadana, expresó que están estudiando los 400 artículos profundamente del nuevo Código Procesal.
“Por el momento sí hemos visto como positivo que se haya aumentado el plazo para la extinción de la acción penal de 4 a 5 años”, dijo.
Aprobado el viernes
Ambos ejecutivos hablaron en entrevistas separadas sobre esa iniciativa legislativa devuelta al Senado por la Cámara de Diputados, que debe ser promulgada antes del 11 de este mes, por mandato del Tribunal constitucional.
Esa iniciativa, aprobado el pasado viernes, incorpora 60 modificaciones, entre las cuales figura que los procesos judiciales no podrán extenderse más de cuatro años y llegar hasta cinco en caso de que sean declarados complejos.
El proyecto fija en ocho meses el tiempo máximo para que el Ministerio Público concluya la investigación preparatoria cuando el imputado esté bajo prisión preventiva.
Igualmente, las modificaciones incluyeron la prescripción de las penas, recusaciones, rebeldía ilegal, manejo y el acceso a las pruebas, así como los plazos de la prisión preventiva.
Aspectos positivos
“Reconocemos el trabajo que se hizo desde la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se hizo un esfuerzo”, insistió Castaños Guzmán.
“Creo que eso de una u otra forma hay que saludarlo”, añadió.
Dijo, además, que “todos estos procesos generan debates, diferencias de criterios y, en esta ocasión, el Congreso ha dejado las puertas abiertas para que cualquier preocupación que cualquier sector pueda tener con lo que se aprobó, más adelante enmendarlo”.
Blanco García consideró positivo el aumento del plazo para la extinción penal, porque “ la persecución, sobre todos los delitos vinculados al crimen organizado y a la corrupción son muy difíciles y complejos y tienen redes diferenciadoras y redes confusas que deben permitir al Ministerio Público tener un tiempo oportuno para investigar y para llevar estos casos a la justicia”.
“Ahora a la persona se le puede llamar para una entrevista, se le puede llamar a cualquier acción de parte del Ministerio Público, pero ese plazo comenzará a ocurrir cuando haya una imputación”, expresó.
Un apunte
Algunos cambios
El Código Procesal Penal aprobado el pasado viernes fija en ocho meses, como tiempo máximo, para que el Ministerio Público concluya la investigación preparatoria cuando el imputado esté bajo prisión preventiva. Igualmente, las modificaciones incluyeron la prescripción de las penas, recusaciones, rebeldía ilegal, manejo y el acceso a las pruebas.
