Estados Unidos ha vuelto a ejercer el proclamado rol de fiscal del mundo con la publicación de un informe en el que evalúa la situación de los derechos humanos en otros países sin aceptar que ninguna otra nación u organismo multilateral cuantifique las violaciones en que incurren sus autoridades.
El Departamento de Estado afirma que el año pasado en República Dominicana se incurrió en abusos, incluidos homicidios, detenciones arbitrarias de dominicanos y extranjeros, además de señalar que hubo informes creíbles de crímenes por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno.
También subraya que en 2022 la Policía y otros agentes del Gobierno incurrieron en “trato o castigo cruel, inhumano o degradante”, además de denunciar que las condiciones penitenciarias son duras y potencialmente mortales, a lo que se agrega detención e injerencia arbitraria en la privacidad.
Aunque a Estados Unidos no le asiste derecho a elaborar informes incriminatorios o absolutorios sobre violaciones de derechos humanos en otros países, los procónsules debieron al menos requerir con antelación y publicar en el mismo texto las opiniones de los gobiernos sobre las denuncias enumeradas.
En ese escrito se acoge como bueno y valido el dato ofrecido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 170 personas “asesinadas por la Policía” durante 2022, cifra escandalosa, más aun si se acusa a “las fuerzas de seguridad del Gobierno de incurrir en tortura, golpes y abusos físicos”.
Se sabe que para elaborar ese informe sobre situación de los derechos humanos, el Departamento de Estado se nutre de informaciones recopiladas en el país por la embajada estadounidense, aunque pocas veces se identifican otras fuentes que no sean la prensa y las redes digitales.
En ese cuestionado informe no podía faltar el tema de la migración haitiana, respecto de la cual se refiere a “reportes de asesinatos y muertes inexplicables que ocurrieron durante operativos migratorios, que se expandieron significativamente durante la segunda mitad del 2022″.
En Gobierno esta compelido a responder el comprometedor informe de Estados Unidos que equipara a República Dominicana casi al mismo nivel de cualquier dictadura, donde las autoridades incurren en corrupción, asesinatos, homicidios, castigo cruel, tortura, discriminación racial y de género, entre otras atrocidades. Quien calla otorga.
