Centenares de personas ocupan terrenos públicos y privados, resistiéndose a ser desalojadas sin ninguna compensación, cuando deberían estar en las cárceles por infringir a leyes adjetivas que castigan la violación del derecho de propiedad, una prerrogativa consagrada en el artículo 51 de la Constitución de la República y otros textos que contienen diversas sanciones.
La colocación de tarantines y mesas en las aceras de dominio público, es otro de los problemas neurálgicos que enfrentan las autoridades, al momento de hacer cumplir la ley, a los fines de ejecución obras de interés colectivo o de lograr acceso a las calzadas para el uso de los transeúntes, y así evitar accidentes que ponen en peligro la vida de la gente de a pie que se desplazan por las aceras en sus actividades cotidianas.
Los transgresores de la ley no esperan prisión por su hecho punible, sino premio en dinero o ser reubicados gratuitamente en espacios no adquiridos a través del trabajo y del sacrificio de los estudios para lograr un título académico que le permita obtener ingresos por la faena productiva.
El país se está convirtiendo poco a poco en un almacén de parásitos sociales que aspiran vivir de las finanzas del Estado, lo que contribuye a crear anillos de miseria, que después adquieren categoría de problemas sociales, cuando en realidad son vividores que, incluso, promueven la venta de solares privados con sus respectivos títulos de propiedad o en áreas estatales.
En este desorden que se registra a nivel nacional, también participan sindicatos de patrones choferiles y propietarios de autobuses que instalan sus paradas, adoptando actitudes de caciques que amenazan a los paros de carros y vehículos pesados, sino son colocados en otros lugares o reciben una gran recompensa económica, sepultando el principio de autoridad.
Situaciones similares se registran en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde se realiza una obra de una gran magnitud para resolver el grave problema del tránsito en ese lugar, que ocasiona largos tapones, impidiendo que los empleados y empleadores lleguen puntuales a sus destinos.
El mismo drama se repite en el paso desnivel que se construye en la Isabel Aguiar, de Herrera, quienes están sublevados y entorpecen los trabajos en la vía, hasta que no tengan en sus manos el dinero que le corresponde como invasores de todo el entorno público propiedad del Estado dominicano.