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Informe

En 30 días

La Junta Central Electoral (JCE) tiene un plazo de 30 días para rendir un informe sobre el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales a partir de 1929. Aunque por lo menos su presidente Roberto Rosario ha recibido el fallo con beneplácito, el estudio sobre sus consecuencias no debe festinarse.

Por más incluso que se trate de un espaldarazo a su decisión de despojar de documentos de identidad a más de 20 mil personas de ascendencia haitiana que por nacer y haber vivido aquí toda su vida reivindican su condición de dominicanas. La responsabilidad asignada a la JCE se inscribe dentro de la decisión del Gobierno de acatar la sentencia, aunque con el compromiso de buscar una salida humanitaria frente al caso de los afectados. Se trata de la fórmula que también ha creado expectativas, porque desde los predios del Gobierno se han bombardeado iniciativas como la amnistía que se planteó para amortiguar los efectos del fallo.

La elaboración del Plan de Regulación de Extranjeros, que deberá estar listo en un plazo de 60 días, es otra de las interrogantes pues no se sabe quiénes optarían por acogerse cuando se cuentan por decenas de miles los hijos de extranjeros que se consideran dominicanos de pleno derecho.

Financiar intereses

El proyecto de Presupuesto para 2014, que se da por descontado que será aprobado sin modificaciones de fondo, genera más controversias, sobre todo por lo que respecta al endeudamiento para pagar intereses. El economista Miguel Ceara Hatton observó que la pieza contempla el pago de intereses por 71,465 millones de pesos, de los cuales el 56% será financiado con empréstitos. Pero además consigna 67,000 millones de pesos en subsidios, de los cuales el 40% será financiado con préstamos.

Al lanzar el alerta, Ceara Hatton, uno de los profesionales más reputados y solventes, señaló que el Presupuesto refleja el grado en que el Gobierno está atrapado por una política clientelar del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que no permite la reestructuración del gasto. Con un Congreso que en lugar de abocarse a un estudio profundo de la pieza está más preocupado en la defensa de sus intereses las perspectivas económicas, si es como han advertido Cear Hatton y otros profesionales, pintan sombrías para el país.