Escándalo año nuevo

Permisos a presos

El sistema judicial ha vuelto a ensombrecerse con el escándalo que representan los permisos especiales revocados por la Procuraduría General de la República a más de 50 presos relacionados con sonados casos de narcotráfico.

El Ministerio Público desconoció la orden de la jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Katherine A. Rubio Matos, bajo el supuesto de que era irregular.

El caso es que el escándalo plantea no solo un inquietante cuestionamiento a la probidad y eficiencia del sistema judicial, sino una confrontación. La Procuraduría cita que entre los reclusos favorecidos con los permisos especiales otorgados el 31 de diciembre figuran reclusos vinculados a la matanza de Paya, al finado Rolando Florián Féliz y al capo boricua José Figueroa Agosto.

Es obvio que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, ordenará una investigación para verificar las supuestas irregularidades citadas por la entidad dirigida por Jean Alain Rodríguez para revocar los permisos.

Pero, en lo que se averigua el caso, el escándalo empaña más la imagen de un Poder Judicial de por sí altamente cuestionado tanto por la venalidad como por la falta de independencia que se le atribuye.