El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a unanimidad rechazó hoy la incorporación de la prueba documental 16, letra F, contra el implicado en el caso Odebrecht, Conrado Pittaluga Arzeno, en el entendido de que la misma no fue traducida al idioma español.

En la continuación del juicio contra los imputados, la objeción formal fue presentada por los abogados del imputado, quienes señalaron que la misma violaría el artículo 136 del Código Procesal Penal.

Sin embargo, de inmediato el Ministerio Público elevó un recurso de oposición al señalar que al parecer dicho documento se traspapeló en la Suprema Corte Justicia (SCJ), cumpliendo así con la norma de que toda prueba en idioma extranjero debe ser traducida.

“Cómo puede el tribunal interpretar en desmedro que en el descuido de la Suprema Corte de Justicia no haya afectado el que esa prueba estuviera presente al día de hoy”, planteó la fiscal Mirna Ortiz durante la presentación de las pruebas documentales del Ministerio Público.

Sostuvo que el descuido de la Suprema Corte en este caso ha sido tal que no han sido capaces de foliar las pruebas, pero mucho menos notificar a la parte adversa.

“Pero a ese órgano (la Suprema Corte) es que debemos creer, que como no envió esa página, es página no existe, cuando el Ministerio Público está demostrando ante este tribunal que esa prueba fue recibida y que la traducción original consta en los lejos del Ministerio Público”, manifestó la magistrada Ortíz.

Juezas
“El tribunal a unanimidad ha llegado a una conclusión: el recurso debe ser regular y válido en cuanto a la forma y en cuanto al fondo procede confirmar la decisión, porque no concurre ninguno de los vicios mencionados por el Ministerio Público”, expresó el tribunal compuesto por Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.

“Ese precedente se ha instaurado desde el 8 de enero del año 2021, oportunidad donde se presentó la primera prueba documental y se suscitó la primera disparidad respecto del documento depositado. O sea, no es una situación nueva lo que se suscita respecto al depósito que hace el Ministerio Público de las evidencias”, expuso Giselle Méndez, quien preside el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Además de Conrado Pittaluga, están acusados de recibir sobornos por 92 millones de dólares de parte de Odebrecht, Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Ángel Rondón, este último señalado por las autoridades como el “cabecilla” de distribuir dicho dinero.