La prisión, por lo visto, no ha limitado la capacidad de los privados de libertad para por medio de la tecnología digital dirigir crímenes y delitos desde las prisiones.

Tras el centro tecnológico desmantelado en el penal de La Victoria se pensó que se endurecerían las restricciones sobre el uso de teléfonos y otros equipos de comunicación entre los presidiarios. Si se tomaron, las medidas no han surtido mayores efectos.

A los muchos casos que se han reportado se agrega el desmantelamiento de una red que según las autoridades extorsiona a personas a través de WhatsApp desde el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, de Puerto Plata.

La Dirección Regional Norte de la Policía informó que en coordinación con el Dicrim y el Departamento de Alta Tecnología de la Fiscalía de Santiago desmanteló la estructura, que para operar utilizaba nombres de oficiales del cuerpo.

La incógnita es cómo los reclusos involucrados pudieron agenciarse los equipos para cometer las fechorías que les atribuye la Policía. En lo que se averigua el caso es obvio que en las cárceles se necesitan controles más estrictos para reducir las fechorías de los reclusos.