El escándalo con el patrimonio de 74 millones de pesos por el cual es investigada la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, invita a reflexionar.
Su supuesto delito es participar en empresas familiares dedicadas a la compra y alquiler de camiones y a la venta de vehículos, de las cuales algunas son suplidoras del Estado.
Con mucho valor la joven ministra ha dado la cara. Es posible que no haya incurrido más que en la inobservancia de algún procedimiento, por su condición de funcionaria, lo que de entrada no constituye un delito.
La ministra que hoy está en el ojo de la tormenta es sólo una de los distintos servidores públicos, incluidos jueces y legisladores, que figuran como suplidores del Estado.
Pero el caso de Kimberly, como el de los demás merece que se investigue muy bien. La idea no debe ser llevar al paredón a ningún funcionario, sino aclarar las cosas.