El caso del juez de Barahona que liberó a un acusado de tres crímenes y ordenó archivar el expediente aporta valiosos elementos sobre la preocupación del presidente Danilo Medina en torno a la facilidad con que imputados de actos delictivos son excarcelados. El juez de instrucción Joselín Medina Pérez adujo que con la decisión a favor de Carlos Julio Matos había acogido la solicitud formulada por el representante del Ministerio Público, Jorgelín Montero Batista.

Los jueces podrán tener su cuota de responsabilidad en la rapidez con que son liberados sometidos por crímenes, asaltos, atracos y otros hechos delictivos. Pero el escándalo que supone la excarcelación y archivo de un expediente contra una persona acusada de tres crímenes es para que se reflexione sobre todo el entramado del sistema judicial y no única y exclusivamente sobre un aspecto.

A propósito de la queja del jefe del Estado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia optó por convocar a la Mesa de Cooperación Interinstitucional para analizar los dardos sobre la supuesta facilidad con que los jueces liberan acusados de actos delictivos. Fue la respuesta más conciliadora, máxime, cuando después de todo, los magistrados no son los únicos responsables de las fallas que ha evidenciado el sistema en su conjunto.

Mariano Germán, si bien evitó un choque con el Poder Ejecutivo, no dejó de observar que la Justicia no son solo los jueces. Es también el Ministerio Público, la Policía y todos los organismos vinculados al sistema judicial. Se trata de una forma de aclarar que la excarcelación de presuntos delincuentes, como el ilustrativo caso de Barahona, no es responsabilidad única y exclusiva de los magistrados.

Desde mucho antes de la queja del mandatario, cuando no son los jueces ha sido el Código Procesal Penal el que ha cargado con la culpa sobre la liberación de imputados por actos criminales. De todas formas, la realidad indica que tanto la Suprema Corte de Justicia, como la Procuraduría General de la República y la jefatura de la Policía tienen que involucrarse más a fondo en el proceso de investigación, elaboración de expedientes y fallos de los tribunales.

Con todo y que en realidad sea digna de ponderarse la legítima inquietud del mandatario sobre la radiografía de la delincuencia, el problema no se puede sesgar. Todos los actores tienen que asumir su rol, máxime cuando hay múltiples evidencias de que las deficiencias y contaminación de las investigaciones, así como expedientes mal sustentados o solicitudes del Ministerio Público también inciden en la liberación de acusados de hasta tres asesinatos. De momento es saludable el estudio ordenado por el titular de la Suprema Corte de Justicia para detectar y corregir las fallas que afecten el siempre complejo sistema. Que bastante se necesita tanto en eras de la seguridad ciudadana como jurídica.