La coalición de organizaciones de la Sociedad civil, la Iglesia Católica y representantes del sector empresarial depositaron hoy ante la Procuraduría General de la República, un documento de objeción en contra el Instructivo No.0000002 del primero de este mes, en el que la procuradora general de la República, Miriam Germán, instruye a los fiscales a tratar a los miembros de la comunidad LGBTQ como ellos se identifiquen.
Señalan que reconocer la orientación sexual de la población LGBTQ constituye un grave atentando contra la familia dominicana.
Damaris Patrocinio, quien habló a nombre de las entidades, advirtió que recurrirán ante el Tribunal Constitucional en caso de que Germán no deje sin efecta la medida, debido a que la misma es inconstitucional y violatorio del debido proceso.
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Consideró ilegal obligar a los fiscales a que traten a los miembros de la comunidad LGTBQ como ellos se perciban.
La dirigente cívica consideró que la norma viola el derecho a la tutela judicial y el debido proceso, ya que la Constitución sólo reconoce como sujetos de derecho al hombre y la mujer.
“Demandamos que la titular del Ministerio Público, la Magistrada Miriam German Brito, derogue el citado instructivo que ordena a los agentes del orden respetar la orientación sexual como derecho. Por igual denunciaron que la Magistrada Germán Brito impone la aceptación de la orientación sexual al obligar a los agentes a dirigirse a las personas según el sexo con que se perciban cuando sean detenidos”, sostuvo.
Entre los firmantes del documento hay representantes del Movimiento Somos la Resistencia, Fomudevi, Funejid, RD Inclusiva, Alianza Vitae, la Fundación Mujer Pro-Solidaridad, Alianza Vitae, la fundación Mujer Pro-Solidaridad así como Abogados por la Vida.
Patrocinio denunció que el Instructivo No.0000002 infringe los derechos constitucionales sobre la igualdad, dignidad de la persona, tutela judicial y la conformación de la familia constitucional.
“De manera especial viola la Constitución que prohíbe determinantemente incentivar situaciones de privilegio, lo cual se confirma con el trato especial que el referido Instructivo impone a los agentes del orden”.
Opinó que reconocer la orientación sexual de la población LGBT constituye un grave atentando contra la familia dominicana, cuya conformación es establecida en la Carta Magna y sobre la cual solo se reconoce al hombre y la mujer.
Recordó que de acuerdo a la Constitución Dominicana no existen otros géneros o sexos que no sean el masculino y el femenino y por consiguiente todos los organismos de poder del país deben acatar dicho mandato.
Criticó que por décadas, reconocer la orientación sexual como derecho, ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional y el pueblo dominicano, siendo el Código Penal el instrumento legal donde dicho rechazo ha sido ejemplificado en los últimos años.
Denunció que además de imponer la Agenda LGBTQ, sectores foráneos en alianza con organizaciones locales, se buscar imponer la Agenda 2030 en el país y las instituciones públicas.
Denunció que la imposición de la PGR y la Magistrada Miriam German, responde a las agendas LGTBQ y 2030.
Recordó que la comunidad LGBT mantiene una presión apoyada por el Poder Ejecutivo y organismos internacionales como la ONU, OEA y PNUD, para imponer la ideología de género de manera obligatoria en las leyes dominicanas.
Afirmaron que siempre han trabajado por la aprobación de marcos legales para la lucha contra la criminalidad, la violencia ciudadana y el respeto a los derechos constitucionales, dentro del marco constitucional.
