El escarceo sobre la mal llamada regla de oro de la gobernabilidad municipal no hace más que confirmar el desconcertante atraso del sistema democrático. Si la norma, que no es más que una metáfora que surgió en una coyuntura en que tal vez era necesaria, hoy no se puede decir lo mismo.

Permitir a los alcaldes imponer su voluntad en las salas capiturales, aunque no contasen con mayoría de regidores, es una de esas aberraciones que la democracia ha debido sepultar. Porque no solo atenta contra el equilibrio que tanto beneficia a la población, sino que en la práctica ha devenido en pactos de complicidades para alimentar la corrupción.

Los partidos y los alcaldes comprometidos con una gestión transparente y responsable no deben defender un bochorno que, además de prestarse a dudas, contrasta con los avances más elementales del sistema democrático.

En torno al desconocimiento de una regla que ha debido superarse se ha tratado de crear una tormenta, como si se tratara de un peligro y no de una decisión altamente beneficiosa para la nación. No deja de desconcertar que en lugar de consensos para garantizar transparencia y que se cumplan con leyes y programas todavía se opte por acuerdos espurios para legitimar reparticiones.

Mejor dejarse de sentimentalismos interesados y aceptar la realidad de que los cabildos, salvo muy honradas excepciones, se han convertido en agencias de empleos y de negocios. En caso de que sea el temor, que es bien sabido que no lo es, la ruptura de las alianzas no puede verse como bloqueo.

Es simplemente la manera de acabar con la dictadura que daba a los alcaldes la protestad para saltar las normas. Y conste que aun con el zafaconeo del inservible pacto municipal es probable que las transacciones tengan un costo más alto, porque los regidores, que ya no son esos ciudadanos prestantes del pasado, que desempeñaban su labor de manera honorífica, elevarán su cotización.

Lo que tienen los representantes municipales es una oportunidad de oro para demostrar su vocación de servicio y su compromiso con los intereses de los munícipes, sin de ninguna manera reproducir el bochorno de la oposición española que tozudamente ha impedido al candidato más votado, el presidente Mriano Rajoy, formar Gobierno.

Cualquier bloqueo de una buena iniciativa repercutirá en contra de los ediles, porque serán censurados por la opinión pública. Pero lo sensato es olvidarse de esa llamada “regla de oro” y asumirla como uno de esos tropiezos que a se vio abocada la democracia en su proceso de abrirse paso. Y avanzar.

Si no siempre, de vez en cuando hay que despejar el camino a la sensatez.