El artículo 223 de nuestra Constitución establece a la Junta Monetaria como el regulador de todo el sistema monetario y financiero, un mandato que sirve de fundamento para la creación de un sistema regulatorio macroprudencial para la República Dominicana. No obstante el avance anterior hacia ese sentido dado por la Ley Monetaria y Financiera, los distintos anteproyectos que circulan en la actualidad sobre el régimen regulatorio del mercado de valores, pensiones, seguros y cooperativas no están siendo lo suficientemente orientados hacia esa meta. En la medida que los distintos mercados han ido creciendo en nuestro país estos lucen cada vez más interconectados, haciendo la necesidad de una regulación macroprudencial más imperiosa.

El objetivo de una regulación macroprudencial es mitigar el riesgo sistémico en el sector financiero de manera general, en contraste con la regulación microprudencial que busca la protección de los usuarios mitigando los riesgos derivados de entidades individuales. En nuestro país tanto la Ley Monetaria y Financiera, como la Ley de Riesgo Sistémico dan un mandato bastante amplio a la Junta Monetaria para enfrentar este tipo de riesgo en el universo de las entidades de intermediación financiera. No obstante lo anterior, el alcance de la Junta Monetaria y su poder regulatorio sobre sectores en crecimiento como el mercado de valores, pensiones, seguros y el microfinanciero a través de las cooperativas no luce tan claro.

En el contexto regulatorio actual es difícil para los reguladores sectoriales poder determinar el alcance que un evento en su ámbito de competencia pudiera tener sobre otros sectores y en que forma, si alguna, el mismo pudiera tener un impacto sistémico al producirse un contagio. Esto no tenía relevancia práctica hace unos 10 o 15 años cuando mercados como el de valores y el sistema de pensiones eran minúsculos en nuestro país, lo que podría no ser el caso en la actualidad.

La Junta Monetaria tiene un mandato constitucional para ejercer una regulación sistémica de todo el sector financiero, pero las distintas normativas sectoriales aún no le han dado las herramientas para hacerlo de forma efectiva. Más aún, los diversos anteproyectos de ley que buscan modernizar los regímenes regulatorios de los distintos mercados de relevancia financiera, no parecen interesados en establecer controles macroprudenciales previendo apenas, en el mejor de los casos, una cooperación poco detallada con la Junta Monetaria.

Está en el interés de los participantes de los mercados financieros que vienen en crecimiento el que se establezca un régimen de regulación macroprudencial bajo la Junta Monetaria, dado a la confianza que esta parece transmitir en los usuarios de los servicios de ese tipo evidenciado en el crecimiento mostrado por la banca dominicana en la última década, así como pudiera beneficiar a todos los agentes permitiéndoles evaluar el alcance real de sus exposiciones en los distintos sectores de la industria financiera.

El concepto de regulación macroprudencial del sistema financiero tomó forma a principio de la década pasada, y tomó más fuerza luego de la crisis del 2008. Es tiempo de que sigamos marchando junto a los tiempos.