Los más de seis mil millones que se invertirán sólo en la expedición de la nueva cédula no son jícaras de coco. No hay que hacerse el sueco para ignorar que se trata de una suma respetable, que se torna más incomprensible frente al cúmulo de necesidades primarias que todavía golpean a grandes sectores nacionales.

Son habituales los reclamos desde la rehabilitación de caminos vecinales hasta el suministro de agua potable. Aún así, son necesarias las inversiones en la mejoría de la calidad de la cédula de identidad y electoral, así como en la modernización del pasaporte.

La cédula dominicana ha carecido de la seguridad y credibilidad que amerita el documento. La falsificación, con el estigma que representa para el dominicano, no ha costado mayores esfuerzos. Lo mismo ha ocurrido con el pasaporte. Los beneficios en ambos documentos compensarán en el más corto tiempo posible la inversión que se realiza.

En el exterior ni en transacciones ya no se observarán con recelo por la seguridad y los estándares con que cumplen tanto la cédula como el pasaporte biométrico.

La Junta Central Electoral (JCE) formalizó la renovación de la cédula con la expedición del documento al presidente Luis Abinader y a la primera dama Raquel Arbaje. Antes la Dirección General de Pasaportes había dado el mismo paso en ese sentido.

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En la actual etapa de su desarrollo económico y social, República Dominicana está llamada a revestir su sistema político de la mayor garantía jurídica.