La tormenta Franklin no ha sido la excepción sobre la renuencia a abandonar sus hogares por razones de seguridad de los residentes en zonas vulnerables a las inundaciones por las crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

La historia ha vuelto a repetirse con moradores de barrios como La Zurza y otros levantados a la orilla de los ríos Ozama e Isabela, a pesar de los llamados y advertencias del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y otras autoridades.

La principal razón de esa resistencia al desalojo no es otra que el temor a que desaprensivos carguen con sus pertenencias por una supuesta falta de controles.

La lección de esa actitud la representa el hecho de que la gente prefiere arriesgar la vida antes que dejar que ladrones y no las avenidas de los ríos dispongan de sus bienes.

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El caso es dramático pues tampoco pueden las autoridades adelantarse a los acontecimientos iniciando un proceso de reubicación en zonas vulnerables desde que se anuncia un fenómeno atmosférico. La obligación de las autoridades es salvar vidas y proteger los bienes.

Los que se resistan a abandonar sus hogares hay que sacarlos de alguna manera antes de que corran cualquier riesgo. La protección de los bienes tiene sus límites, pero es un problema que las autoridades tienen que plantearse.

Lo que no se puede es permitir que ninguna persona ponga en riesgo su vida o la de los suyos por proteger una estufa o un juego de muebles.