El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en torno al cual giran desde ya contradicciones oficiales, no plantea perspectivas halagüeñas para la población. Al menos en cuanto a lo que se ha podido ver en medio de los conflictos, el transfuguismo, el derroche de recursos y la incertidumbre que caracterizan el proceso electoral.

El Gobierno ha negado que en virtud del convenio tenga que abocarse tanto a una reforma fiscal como a un reajuste de la tarifa eléctrica, dos decisiones que tendrían un fuerte impacto en la economía. Pero según el FMI sí tendrá que eliminar rápidamente las exenciones tributarias, mejorar la gestión de los impuestos y controlar el gasto corriente.

Con esa falta de claridad que induce a deducciones lógicas el organismo crediticio advirtió que el Gobierno tendrá también que profundizar en la reforma del sector eléctrico a través de la eliminación de los subsidios indiscriminados a fin de reducir la carga sobre las cuentas públicas.

Se trata de medidas que el Gobierno, para no cargar con el costo electoral, se comprometió a aplicar a partir de junio, o sea después de las votaciones, que es cuando apretará la cuerda. Lejos de un plan de austeridad para evitar mayores dificultades las autoridades parecen dispuestas incluso a incrementar el gasto. Las perspectivas no pintan buenas, pues lo que se prevé es que en los días que faltan para el sufragio se invertirán muchos recursos públicos para captar electores de una forma u otra.

Otro factor que ha de tomarse en cuenta es la recomendación del FMI para que el peso devalúe en forma gradual con el pretexto de fortalecer la capacidad de República Dominicana para resistir los choques externos, sobre todo si empeoran las perspectivas de la economía mundial.

El Gobierno, que incumplió en cuanto a la reducción del déficit fiscal y en la liquidación de los atrasos con las empresas generadoras de electricidad, sabe que no puede fallar en el nuevo compromiso a que se comprometió con el Fondo. Lo más preocupante es que los intereses políticos no permitan desactivar una resaca que tendrá un fuerte impacto en la población.