La muerte ayer del joven Franklyn Domínguez Torres, de 23 años de edad, que se dice atracó dos bancas en una calle de Santiago, perseguido y baleado en Gurabo por la Policía y una multitud que lo golpeaba, constituye el más reciente suceso de los interminables linchamientos de delincuentes.

Las cámaras de televisión captaron la cruda escena del individuo que vertía agua sobre la herida de bala en su pecho en un esfuerzo por detener el sangrado, mientras todavía sufría esporádicos golpes de vecinos y de agentes policiales.

El herido expiró tras ser conducido en una camioneta de la Policía al hospital público del municipio y la población reanudó sus tareas habituales, como si nada hubiese pasado.

Los casos de linchamientos se han registrado este año en Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y otras localidades, sin que las autoridades procuren evitar tan bárbaro proceder o someter a la justicia a quienes toman la justicia por propias manos y se creen con autoridad para aplicar pena de muerte.

El ciudadano está facultado por la ley a evitar la comisión de un crimen flagrante, detener o someter a la obediencia al infractor y entregarlo a la autoridad, pero nunca flagelar o asesinar al presunto delincuente.

Esos actos de linchamientos pueden ser interpretados como respuesta de comunidades a la negligencia que atribuyen a las autoridades para frenar a la delincuencia, pero aun así constituyen actos de barbarie o salvajismo, cuyos autores deben ser apresados y procesados como homicidas.

En vez de trasladarlo con prontitud a un hospital, policías y vecinos aguardaron hasta que el joven literalmente se desangrara para tirar su cuerpo sobre la parte trasera de una camioneta policial, acto inhumano, impropio de gente medianamente civilizada.

Sin dejar de reclamar que las autoridades frenen a toda costa el auge de la delincuencia, la sociedad está compelida a condenar los crueles actos de linchamientos, que colocan a sus instigadores en la misma condición de delincuentes que atribuyen a sus víctimas.