Con la muerte ayer por una turba en Azua de dos personas que antes habían ultimado a un joven de 18 años durante un atraco, se reedita la trágica historia de quienes, al pretender imponer justicia por propias manos, se hacen reos de crímenes tan oprobiosos como los que endilgan a sus víctimas.

La multitud asesinó a un ciudadano haitiano y a otra persona, presuntos homicidas del dominicano Edwin Cedano, y prendieron fuego a sus cuerpos en un imperdonable acto de salvajismo.

Se dijo que Cedano resistió el intento de atraco de los dos individuos, uno de los cuales lo mató de varios balazos, en Las Charcas, Azua.

Familiares y vecinos persiguieron al homicida y a su cómplice, a quienes dieron alcance en el lugar conocido como El Número, donde los lincharon e incineraron los cadáveres.

Es obvio que quienes asesinaron a esos dos presuntos delincuentes han incurrido en un crimen deleznable por el cual deben ser apresados, sometidos a la Justicia y condenados.

La ley penal confiere al ciudadano potestad para apresar a un infractor en comisión de delito fragrante, evitar que se perpetre el crimen, con la condición de que el delincuente sea entregado de inmediato a la custodia de una autoridad competente.

En ningún caso se concede patente a vecinos ni familiares de víctimas para administrar justicia y condena, ni mucho menos para aplicar la Ley del Talión.

Incremento de la delincuencia, benignidad de jueces, indiferencia policial ni incompetencia del Ministerio Público justifican que se instalen tribunales sumarios contra supuestos delincuentes, porque los verdugos son para la ley y la Justicia peores criminales que sus víctimas.

Se requiere frenar esa modalidad de salvajismo que perpetran ciudadanos que asesinan en nombre de la Justicia.

Aunque es menester desalentar este tipo de brutalidad colectiva, es preciso reclamar que Policía, Fiscalías y tribunales cumplan con perseguir y castigar a una creciente criminalidad que ahoga y hastía a la población.