El proselitismo extemporáneo o violatorio de las leyes constituye una prueba para la autoridad de la JCE como reguladora de los procesos electorales.

Pero no basta con solo enmarcar el proselitismo a las normas legales, respetando los espacios y el uso de los medios para la promoción de candidatos, sino que se tiene que evitar la infiltración de recursos públicos o no transparentados.

La JCE tiene sus preocupaciones, pero es claro que no puede demorar tiempo para tomar acciones contra un proselitismo por demás ensordecer y que contamina el ornato.

Los candidatos colocan sus vallas y cruzacalles en lugares prohibidos, como si la impotencia de las autoridades fuera una suerte de dejar hacer y dejar pasar.

El miembro del pleno Samir Chami Isa informó que se trabaja en un reglamento para sancionar el proselitismo extemporáneo y violatorio de las leyes.

De ser así se trata de un aliento, pero de todas formas con el curso que llevan las violaciones habrá que acelerar el paso, aunque sin descuidar otras responsabilidades.

La JCE tiene que aplicar la ley en cuanto a las promociones de candidatos y las violaciones en que se incurran como garantía de un proceso transparente y equitativo.

Los candidatos buscarán siempre la manera de saltar la luz roja, pero las autoridades no pueden cruzarse de brazos ni mirar para otro lado. Sería una pésima señal.