La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia  mantuvo el criterio de que la difamación a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales es un tipo penal especial que debe ser perseguido como infracción de acción pública a instancia privada, donde  se exige  como requisito esencial la sustanciación como un proceso ordinario, con una fase preliminar y la presencia del Ministerio Público. 

 El criterio jurisprudencial está contenido en la sentencia No. SCJ-SS-22-0563, del 2 de junio de 2022, que expone sus consideraciones a la luz de los preceptos del artículo 64 de la Ley núm. 5307 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Te puede interesar leer: SCJ aprueba reglamento de aplicación Ley Uso de Medios Digitales

“En el presente caso la acción penal ha sido mal perseguida al comprobarse que los hechos que se atribuyen al imputado son perseguibles mediante el ejercicio de la acción pública a instancia privada, no a instancia privada, como ocurrió en la especie, lo que impide el conocimiento del fondo del proceso y procede la declaratoria de inadmisibilidad”, aclara la decisión.

La sentencia firmada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena (quien preside), Fran Euclides Soto Sánchez y Francisco Antonio Ortega Polanco, declara inadmisible la acusación presentada por supuesta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 29 y 33 de la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.