El Senado remitió ayer, mediante oficio 0095, al Poder Ejecutivo la Ley que modifica varios artículos del Código Procesal Penal. La pieza fue entregada a las 4:00 de la tarde por el empleado del Senado Pedro Cruz en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. El consultor jurídico, César Pina Toribio, había dicho que la pieza todavía no había llegado al Palacio Nacional. De acuerdo al artículo 101 de la Constitución el Poder Ejecutivo cuenta con 10 días para promulgar u observar la Ley a partir del día que la recibe, que sería el día 12 de este mes, para tomar una decisión.
Varias instituciones de la Sociedad Civil como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia pidieron al presidente Danilo Medina que observe esa ley porque tiene aspectos que contravienen la Constitución de la República. El aspecto más criticado es el artículo modificado que establece que ningún ciudadano podrá querellarse contra un funcionario público que entienda ha cometido actos de corrupción en el desempeño de sus funciones.
Consideran que esa modificación constituye una estocada mortal a la lucha contra la corrupción por parte del Estado y organismos internacionales. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, defendió que no se estableciera en el Código el derecho de los ciudadanos a querellarse contra funcionarios públicos, argumentando que la Constitución lo que establece es el derecho del ciudadano a simplemente a denunciarlo y el Ministerio Público a Investigarlo.
