El Gobierno ha dicho que arribó a un acuerdo con la banca sobre la aplicación del propuesto impuesto del uno por ciento sobre los activos de las instituciones financieras. Aunque esa versión no ha sido refrendada por la Asociación de Bancos, si de verdad se ha concertado alguna vía de avenencia redundaría en beneficio de la débil estabilidad macroeconómica.

Se afirma que el acuerdo consistiría en que el gravamen tendría una duración de dos años y que se excluirían las partidas de encaje legal y efectivos en caja e inversiones en bonos del Gobierno, lo que reduciría el importe de recaudación estimado de siete mil a cuatro mil 500 millones.

La Asociación de Bancos, integrada por unas 15 instituciones, conocería el contenido del mencionado acuerdo, que entrañaría una modificación sustancial al paquete impositivo ya enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

Se estima como una buena señal de ejercicio dialogante el encuentro entre el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda con representantes de la banca múltiple, al término del cual se anunció el citado acuerdo.

No se entienden las razones por las cuales autoridades monetarias y financieras elaboraron un angustiante paquete fiscal sin haberlo discutido antes con los sectores que serían afectados, incluido el de la banca al que se le asignó casi la totalidad de los más de nueve mil millones de pesos requeridos para tapar el hueco fiscal.

Lo importante sería que Gobierno y banqueros adopten las providencias necesarias para que ese impuesto a activos productivos del sector financiero no se refleje en alzas exorbitantes en las tasas de interés o en restricciones al flujo de créditos y capitales al sector productivo.

Sin importar las razones del déficit fiscal , cuyo obligado abordaje ha puesto en peligro el acuerdo Stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), autoridades y sector productivo están en deber de confluir en un escenario que ofrezca garantía de estabilidad de los indicadores económicos, sin que el remedio sea peor que la enfermedad.

La población no debería cargar con todo el peso de la penalidad que la nación debe pagar por el crack presupuestario, que para unos tiene causas externas y para otros el dispendio oficial. Que la carga del sacrificio se active conforme al nivel de rentabilidad y participación en la canasta productiva de cada cual.