Los que desde altas posiciones en el Estado cometen corrupción administrativa, con lo que se roban miles de millones de pesos, no solo se atreven a abusar de la confianza del presidente de la República y del pueblo dominicano, sino que son capaces de robarle y tomarse la sopa de un malogrado.

Igual sucede con los servidores públicos de bajos niveles, que se convierten en rateritos en las funciones que desempeñan.

Lo hacen dilatando la solución de los asuntos que manejan para que los usuarios se desesperen y engrasen la maquinaria con algunas prebendas.

Unos y otros merecen el mayor de los repudios. El que no esté conforme con su sueldo en la administración pública, que renuncie y se dedique a trabajar en el sector privado. Ahí puede hacer negocios personales.

Siempre que la corrupción se manifiesta, se condena a una parte mayoritaria de la población, que son los más pobres, a carecer de los servicios básicos y a morir de hambre.

Pero cuando el flagelo de la corrupción se manifiesta en una institución pública como el Servicio Nacional de Salud (Senasa) los efectos criminales se elevan a la quinta potencia.

Priva de las atenciones médicas y de la vida a millones de infelices que no pueden pagar los altos costos de la salud. Quedan condenados a muerte.

El escándalo de Senasa, que ronda entre los quince mil a casi treinta mil millones de pesos en actos de corrupción, según datos que se han hecho públicos, es una vergüenza nacional. Ya varios de los implicados han confesado su participación.

Al Ministerio Público le corresponde realizar la investigación profunda de este caso, independientemente de las confesiones y delaciones que conocemos. Para que la acusación formal que realice, en la formulación precisa de cargos, produzca las sanciones judiciales de rigor.

Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con asesinar el principio y el valor constitucionales de la presunción de inocencia que ampara a todos los señalados en el caso Senasa, como en todos los demás procesos penales en curso y por venir. Tienen derecho a la defensa y a un juicio justo.

Como conocemos desde hace años al presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, tenemos una idea de su indignación con ese escándalo.

Le duele que empeñó su palabra, defendiendo a Senasa; le duele el abuso de la confianza que depositó en algunos de los acusados; le duele la falta de transparencia de su gestión en esa entidad; le duele la suerte de los pobres afectados; le duele que su legado como gobernante sea cuestionado sin necesidad; todo eso le duele mucho.

Su preocupación por tener un Ministerio Público independiente, y no en lo formal sino en lo real, prueba su compromiso con la honestidad, la transparencia y la eficacia en su gestión pública.