SANTO DOMINGO.— La Academia de Ciencias de la República Dominicana y el Equipo Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) calificaron como “sospechosa” la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que, según afirmaron, busca propiciar la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua para facilitar el desarrollo de proyectos en favor de un particular.
La posición fue dada a conocer por la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia, la cual reiteró los términos del comunicado previo emitido por la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas.
Las entidades sostienen que la referida sentencia resulta altamente cuestionable, ya que —según indicaron— se alinea con pretensiones históricas provenientes de sectores políticos, empresariales, legislativos, inversionistas, militares, funcionarios y religiosos que, durante años, han impulsado iniciativas orientadas a reducir los límites de las áreas protegidas en beneficio particular y en detrimento del interés colectivo.
Explicaron que la preocupación aumenta al considerar que la decisión del TSA contraviene lo establecido en el artículo 16 de la Constitución dominicana, el cual dispone que la vida silvestre, las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies asociados constituyen bienes patrimoniales inalienables, inembargables e imprescriptibles. Asimismo, recordaron que la reducción de los límites de estas áreas solo puede realizarse mediante una ley aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso Nacional.
La Academia de Ciencias y UASD critican sentencia del TSA sobre Parque Nacional Jaragua
Las comisiones advirtieron que la sentencia podría representar un precedente con implicaciones más amplias, tomando al Parque Nacional Jaragua como punto de partida para desmembrar progresivamente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, amparándose en formalidades judiciales para materializar antiguas aspiraciones de apropiación de espacios que resguardan el patrimonio natural y cultural del país.
Recordaron que las áreas protegidas y su biodiversidad asociada garantizan servicios ambientales esenciales, tales como la calidad del aire, el suministro de agua, la seguridad alimentaria, la pesca, el turismo, la regulación climática, el control de la erosión y la mitigación de los efectos del cambio climático.
En ese contexto, enfatizaron que ninguna decisión judicial debe poner en riesgo el bienestar colectivo para favorecer intereses particulares, por lo que llamaron a rechazar cualquier intento de reducción o afectación de las áreas protegidas.
Finalmente, expresaron su esperanza de que el Tribunal Constitucional revise y derogue lo que calificaron como una sentencia improcedente e injustificada, y que, en su lugar, consolide el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como un bien público fundamental, cerrando definitivamente el paso a intentos de apropiación de bienes colectivos.
