En la medida que la ciudadanía internalice apropiadamente conceptos como: fondos públicos, patrimonio del Estado, rendición de cuentas y otros no menos importantes, se hará más pertinente y necesaria la existencia de una Cámara de Cuentas eficiente y confiable.

La Constitución establece en el primer párrafo de su artículo 248.- “La Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Tiene personalidad jurídica, carácter técnico y goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria.” Cumplir a cabalidad con ese mandato constitucional, eleva el nivel de credibilidad en ese órgano superior externo de control fiscal.

Los informes deberán ser: oportunos, claros, veraces y contundentes; a fin de que conciten el interés público y promuevan la decisión de asumir el rol de veedores al servicio de las instituciones que conforman el Control Social.

El patrimonio del Estado y los recursos públicos son bienes que nos pertenecen a todos. En ese sentido, debemos estar atentos a su integridad, y el buen uso, por parte de los funcionarios y empleados públicos a cargo de ejecutar el Presupuesto General del Estado.

Es imperativa la necesidad de que controles establecidos operen eficaz y apropiadamente, a fin de evitar que la corrupción ocasione el dispendio de los recursos públicos, y, la población sea expuesta a deficientes servicios de salud, educación, vivienda, agua potable, seguridad ciudadana y otros, que impactan negativamente en su calidad de vida.

La Constitución en su articulo 246 establece: “El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes.”