La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia desde hoy una jornada de consultas y recepción de denuncias sobre violaciones a derechos humanos con respecto a la nacionalidad, identidad, igualdad y no discriminación, para presentar el viernes un informe preliminar que se adelanta sería crónica anunciada contra la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Nueve directivos de ese órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) centrarán su atención en el Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, Dajabón, Valverde, San Pedro de Macorís y La Romana donde se asientan las mayores poblaciones de inmigrantes haitianos y de entidades no gubernamentales que promueven derechos de esa diáspora.

Llama la atención que esa comisión de la CIDH ha resuelto ampliar el ámbito de su investigación que se creía circunscrita a los posibles perjuicios que acarrearía a hijos de indocumentados extranjeros el fallo del Tribunal Constitucional que fija el alcance de la nacionalidad, por lo que esos comisionados identificarán añejas violaciones laborales o tipo de discriminación social que también padecen trabajadores dominicanos.

Si esa comisión realiza tipos de intervención, como la que encamina aquí, en cualquier nación de América Latina, seguramente obtendría los mismos resultados, por lo que sería prudente que en el informe final sus relatores no mezclen harina con magnesia, más aún si no identifican hallazgos sobre maltrato o exclusión con motivo de esa sentencia del juez de control constitucional.

El Gobierno dominicano nada tiene que ocultar en torno a la aplicación de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional legítimo y legal, con garantía y compromiso de respetar los derechos de los ciudadanos que resulten afectados, a favor de los cuales, esa resolución ordena a los oficiales públicos que coloquen su estatus migratorio en consonancia con la ley.

Los directivos de la CIDH deberían ofrecer garantía de pulcritud ética en sus indagaciones sin que tremendismos como los alegatos de genocidio civil, incendio migratorio o comunidad de apátridas nublen su deber de mantener en alto los principios de imparcialidad, ecuanimidad y objetividad, asa como de no olvidar que incursionan en una nación soberana, democrática e institucional y respetuosa.

En República Dominicana no hace falta que organismos supranacionales vengan con ínfulas imperiales ni con intenciones de fumigar su territorio contra plagas de racistas o xenófobos porque su Gobierno y poderes públicos han ofrecido fehaciente voluntad de respeto a la ley y al derecho, sin renunciar a su prerrogativa de establecer políticas publicas referidas al alcance de su nacionalidad y al control migratorio.

Sepan esos comisionados que han arribado a una nación buena y decente que cultiva la afable vecindad y acoge de buen agrado la inmigración legal, que valora su independencia, autodeterminación, su cultura, sus tradiciones, en la misma proporción en que condena y repele toda forma de intervención o injerencia.