El uso y abuso de los recursos públicos que se ha denunciado y la evidente falta de motivación en el electorado no son los únicos signos perturbadores del actual proceso. También el atraso de que ha dado cuenta el presidente de la Cámara Administrativa en tareas como los fallos de candidaturas y en la impresión de las boletas.

La transparencia del voto que ha garantizado la Junta Central Electoral (JCE) es una señal alentadora, pero insuficiente para concitar el entusiasmo de los electores en un proceso en que las ofertas contrastan con la conducta de los candidatos y hasta con el mismo ejercicio del poder.

Sin embargo, lo más inquietante son los obstáculos que ha revelado el magistrado Roberto Rosario, amén de la presión del tiempo, para avanzar en el montaje de las votaciones. Quizás no se trate de inconvenientes del otro mundo, máxime cuando ya se dispuso la impresión de las boletas, pero a menos de un mes para el sufragio cualquier problema es preocupante.

Las impugnaciones, conflictos y denuncias sobre el uso y abuso de los recursos públicos, que según Rosario han demorado el proceso, se erigen como la prueba más contundente sobre la necesidad de una ley que regule los partidos y agrupaciones políticas. Es posible que con la legislación los comicios no marcharan sobre ruedas, pero muchos problemas se hubieran evitado.

En este certamen, en que se aplicará por primera vez la elección de cinco diputados nacionales y los 20 representantes ante el Parlamento Latinoamericano (Parlacén), además de 229 directores de Distritos Municipales, 155 alcaldes, 32 senadores, 1149 regidores, 715 vocales y 178 diputados, la Junta ha sido abrumada de todo tipo de problemas.

Lo que puede calificarse como carta de ruta está claramente definido. Se han habilitado 13,250 colegios distribuidos en 3,898 recintos para una población electoral de seis millones 116 mil 397 electores. El caso es que el tiempo apremia y la Junta no ha fallado los recursos elevados por candidatos de los diferentes partidos. Pero además no se trata del único desafío en la celebración de un certamen que exprese la auténtica voluntad del electorado.