SANTIAGO.- El Ministerio Público y la Policía Nacional continuaban esta mañana recabando datos, que les puedan permitir identificar y apresar las dos personas que ayer asesinaron de seis disparos en esta ciudad al abogado Basilio Guzmán Rodríguez.
Mientras tanto, aumenta la percepción de que el evento fue producto de un acto de sicariato, porque el hoy occiso había tenido inconvenientes con varias personas, que lo acusaban de despojarlos de propiedades de manera fraudulenta.
Incluso, hace algunos años una familia afectada llevó su caso ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyos jueces lo hallaron culpable al abogado y le cancelaron por un año su licencia para ejercer el derecho.
Anoche estuvo en esta ciudad el mayor general José Alberto Then, director general de la Policía Nacional, quien vino para cerciorarse de lo que se había avanzado en la investigación.
En breves declaraciones a la prensa, el alto oficial policial se limitó a dice que, de acuerdo a lo que hasta ese momento habían conocido las autoridades, el caso podría ser esclarecido en cualquier momento.
Guzmán Rodríguez fundamentalmente tomó notoriedad, principalmente entre sus colegas, por la frecuencia con que lograba sentencias a su favor, en casos millonarios de confiscación de bienes, como viviendas y terrenos.
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El más sonado fue el que afectó a una anciana, propietaria de bienes valorados en más de 800 millones de pesos ubicados en la comunidad Jacagua, de este municipio.
Ese proceso lo realizó porque una casa que ella tenía en el centro de la ciudad y que dejó de ser usada, acumuló una pequeña deuda por concepto de consumo de agua potable.
Pocos años después Guzmán Rodríguez pasó a formar parte del equipo de abogados de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).
Hamlet Otáñez, entonces director general de esa entidad, le dio un poder para diligenciar el pago de la deuda. Sin embargo, el abogado optó por diligenciar la confiscación de las propiedades de la dama, acción que fue desautorizada por Otáñez, en una comunicación enviada al tribunal que conocía la demanda.
En esa misiva, Otáñez le recordaba al juez que Coraasan no judicialmente no actúa de esa manera, sino que busca acuerdos con los clientes y llegar a un acuerdo de pago, pero esa autoridad judicial no hizo caso a dicha explicación.
