La no entrega a tiempo a los imputados de las nuevas pruebas en físico enviadas desde Brasil por la empresa Embraer, junto a otros incidentes, imposibilitó que el caso de los aviones Súper Tucano tuviera hoy avances significativos en el conocimiento del juicio preliminar que se ventila en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
En la última audiencia, celebrada el 8 de julio, el tribunal le otorgó un plazo de 5 días al Ministerio Público para que depositara en esa corte las nuevas pruebas en papel o en físico que fueron incorporadas en el expediente por el Ministerio Público.
Sin embargo, el tribunal hizo constar mediante una certificación entregada al imputado Daniel Aquino Méndez, que hasta el 18 de julio del 2019, “el Ministerio Público no ha hecho ningún depósito ante este tribunal”.
El dato fue confirmado por Tony Delgado, abogado de Aquino Méndez, quien dijo que “no hubo depósito de documentos nuevos dentro del plazo otorgado por el juez de la instrucción”.
Las nuevas pruebas consisten en tres cajas de documentos, con las cuales el organismo acusador pretende demostrar la culpabilidad de los acusados en el caso de más de 3.5 millones de dólares que la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer) confesó haber pagado para la aprobación del préstamo para la compra de las aeronaves.
Con dichas pruebas, según el Ministerio Público, se demostrará a cabalidad la culpabilidad de los imputados, mayor general retirado Rafael Peña Antonio, coronel Carlos Piccini Núñez, empresarios Daniel Aquino Méndez, Daniel Aquino Hernández, Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.
El abogado del coronel Piccini Núñez, Alejandro Tejada, alegó durante la última audiencia que el Ministerio Público ha colocado a su cliente en un estado de indefensión, en virtud de que solo le entregó como pruebas nuevas un listado y dos CD, que ni siquiera pudo abrir.
Igual queja externó por ante el tribunal Juan Antonio Delgado, abogado de Aquino Hernández.
El coronel Carlos Piccini se quejó por la alegada lentitud con que la justicia está ventilando su proceso, y dijo que eso constituye una pena adelantada, en razón de que lleva tres años preso, sin que el caso haya sido conocido.
Agregó que todo eso evidencia que lo que se está haciendo con él no es más que un abuso de poder por parte de sectores que no identificó. El imputado fue entrevistado previo al inicio del juicio preliminar.

