La procuradora general, Miriam Germán Brito, advirtió que en un posible paro de labores que convocarían asociaciones de fiscales, el Ministerio Público se juega su prestigio institucional con riesgo de perder la confianza ganada si no se enfoca en atender las exigencias legítimas de la sociedad.
Germán Brito ha calificado de inoportuna, imprudente e injusta la intimación hecha al presidente Luis Abinader, al ministro de Hacienda, Jochy Vicente, y al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, para que incluyan en el Presupuesto de 2023 la partida que requiere el Ministerio Público.
Aunque admite que ha compartido con sus compañeros jueces, fiscales, defensores, abogados y personal administrativo las carencias y limitaciones que han caracterizado el desempeño de sus labores, la procuradora afirmó que tras su designación recibió el respeto y el apoyo de distintos poderes del Estado.
El Poder Ejecutivo está compelido a incrementar la partida presupuestaria a todos los estamentos del Servicio Judicial, incluido a la Procuraduría General, porque solo así se podría mantener incólume el discurso sobre la independencia del Ministerio Público.
A las asociaciones de fiscales les asiste razón y derecho para reclamar del mandatario y de los funcionarios a cargo del diseño del Presupuesto Nacional, tomar en cuenta a la institución auxiliar de la justicia que funge de garante de la seguridad ciudadana por vía de la persecución de crímenes y delitos.
La amenaza de paralizar labores en diferentes estamentos del Ministerio Público es al menos imprudente e inoportuna, porque los fiscales pueden insistir en su reclamo sin desatender sus obligaciones, exponiendo sus razones, pero sin sobrepasarse.
Para procurar justicia, los fiscales y equipos de investigación requieren de instrumentales tecnológicos y personal suficiente para poder consolidar los fardos probatorios requeridos para que los jueces pronuncien sentencias condenatorias contra encartados, lo que no sería posible sin que se genere un incremento en las partidas presupuestarias a la Procuraduría General.
Una huelga de fiscales, además de inoportuna e imprudente, aunque en base a un reclamo justo, sería también una forma de denegación de justicia atribuida al Ministerio Público, cuyo prestigio, forjado en un escenario de confrontación de intereses, se desplomaría en un santiamén.
