Varios dirigentes sindicales apoyaron la decisión del Gobierno de solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a otros organismos internacionales, auditar los equipos utilizados en las suspendidas elecciones municipales del 16 de febrero.
Opinaron que en caso de identificar culpables de los problemas causados al sistema de voto automatizado, éstos sean castigados como manda la ley.
Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos Filial CSI/CSA, y Francisco Ramírez, de la Confederación de Trabajadores Unitaria (CTU), consideraron que se trata de una decisión prudente, en un momento de crisis.
También respaldan el llamado a diálogo, hecho por representantes de la cúpula empresarial y la clase política nacional.
“Estamos de acuerdo que sea la OEA que audite esos equipos y que en caso de que se establezcan culpables, sean investigados y se les aplique el castigo contemplado en la ley, como se ha estado reclamando durante las protestas de ciudadanos”, dijo Del Río.
Expuso que como se trató de un hecho insólito en en el país, lo que procede además de la auditoría, es un diálogo nacional para lograr una concertación que contribuya a celebrar elecciones transparentes.
“Como persiste la cultura del fraude en la mente de muchos dominicanos, se requiere la realización de elecciones transparente, y para ello es necesaria la concertación entre la clase política y otros sectores”, agregó.
De su lado, Ramos consideró correcto y oportuno el pedido que el presidente Danilo Medina hizo a la OEA, para que técnicos de ese y otros organismos auditen dichos equipos, para establecer lo ocurrido.
“Creemos que debe ser un organismo independiente que haga esa investigación, debido a que muchos creen que si proviene de la Junta Central Electoral u otras autoridades locales, no sería imparcial”, opinó Ramos.
Consideró que el presidente de la República hizo lo correcto al solicitar la colaboración de la misión de la OEA para esclarecer un hecho muy lamentable para la democracia dominicana.
“El país está exigiendo respuesta y que él o los autores del supuesto sabotaje en los equipos de la JCE asuman la responsabilidad de sus actos”, afirmó el sindicalista.
Recordó que la clase política debe entender que el país está por encima de los intereses particulares, y que lo más conveniente es que la población concurra a votar sin problemas a las elecciones del próximo 15 de marzo, para elegir las próximas autoridades municipales que regirán durante los próximos cuatro cuatro años.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), así como representantes de la cúpula empresarial de Santiago, también respaldan las investigaciones del sistema electrónico.
