Hace más de cinco años que la Embajada de Estados Unidos tramitó un pedido de extradición del empresario Faustino Perozo, acusado de distribuir drogas y de ingresar a esa nación con pasaporte falso.

Ese pedido fue formulado el 15 de marzo del 2005 y desde entonces el Ministerio Público y la Policía intensificaron la búsqueda del requerido quien se entregó hace una semana a las autoridades.

La Procuraduría General de la República inició los trámites correspondientes ante la Suprema Corte de Justicia para proceder a la extradición de ese inculpado, como lo había solicitado la justicia estadounidense.

Sin ofrecer ninguna explicación, la Embajada de Estados Unidos ha retirado su requerimiento y ahora la Fiscalía del Distrito Nacional tiene más arriba del moño a un recluso que había sido denunciado como supuesto narcotraficante.

Nueva vez, Justicia y Ministerio Público son puestos de mojiganga por el sistema judicial estadounidense que interpreta antojadizamente y aplica de manera atropellante los términos del Tratado de Extradición entre ambas naciones, firmado hace un siglo.

El Ministerio Público no ha formalizado ningún tipo de acusación contra el señor Perozo, pues las diligencias procesales en su contra se han encaminado a requerimiento de Estados Unidos, que cinco años después renuncia a su pedido original de extradición.

Ahora el expediente penal contra ese prevenido, quien se entregó a las autoridades tras cinco años de fuga, ha quedado en el limbo y las autoridades en el más patético ridículo.

Ante este nuevo desplante es menester preguntar: ¿Acaso el sistema judicial dominicano se ha convertido en una dependencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos?

Si es así, entonces se sugiere para evitar burocracia que se conceda jurisdicción plena a los marshalls estadounidenses para que hagan y deshagan en esta república bananera.

¡Que no se hable de soberanía!