La superpoblación carcelaria y por ende el hacinamiento y las precarias condiciones de los reclusos echan por tierra todas las iniciativas que se han enarbolado sobre la reforma del sistema penitenciario.

Además de sentar en el banquillo al Poder Judicial por su incapacidad para juzgar y rehabilitar a quienes han infringido las leyes. Los 42 recintos con que cuenta el país no solo están superpoblados, sino que algunos, como encontró en una evaluación la Oficina de Defensoría Pública, merecen ser clausurados.

Se citó específicamente el caso de la cárcel de Montecristi. Cárceles construidas para albergar a alrededor de 15,600 reclusos hoy cuentan con más de 26 mil y para colmo alrededor del 70% son preventivos.

Entre los males de los recintos no escapa la corrupción, que ha sido denunciada por las propias autoridades, pero, al menos que se sepa, sin correctivos eficaces.

En La Victoria fue detectado un centro de tecnología, que vendía servicio de internet hasta a particulares, sin que se sepa en qué quedó la investigación que se dispuso al respecto.

Puedes leer: Sardinas en lata

En las condiciones en que operan las cárceles, antes que un centro de rehabilitación, lo son de rebeldía. Con todas las carencias y dificultades los motines que se suceden parecen insignificantes.

En torno a los presos preventivos se han propuesto múltiples fórmulas a las que al parecer no se les han prestado la menor atención. Las cárceles son un reto para la justicia.