Actualidad Judicial

Someten por caso de terrenos a procurador de Medio Ambiente

Someten por caso de terrenos a procurador de Medio Ambiente

Inversionistas españoles con terrenos en la zona turística de Punta Cana sometieron ante el Consejo Superior del Ministerio Público al procurador para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Contreras, por alegadamente desconocer  decretos, resoluciones, licencia y autorizaciones del Poder Ejecutivo, de Medio Ambiente  y del municipio de Verón.

Para tales fines, los empresarios representados por los abogados Félix Damián Olivares y Rafael Felipe Echavarría, depositaron  la denuncia contra el procurador adjunto.

Los empresarios solicitan llevar ante el Consejo Superior del Ministerio Público al procurador de Medio Ambiente, a quien acusan de actuaciones ilegales, apoyadas por la fuerza pública para desconocer una decisión de la Suprema Corte de Justicia que ordena el desalojo ocupantes ilegales de su propiedad.

Las empresas perjudicadas por las actuaciones alegadamente arbitrarias e ilegales  cometidas  por dicho funcionario del Ministerio Público formularon la denuncia mediante comunicación de fecha 18 de noviembre del año 2022, dirigida a la magistrada Miriam Germán Brito, a los fines de que se iniciase contra él un proceso disciplinario.

Según la instancia, Contreras debe abstenerse de intervenir de forma directa o indirectamente  en los conflictos que sostienen las sociedades propietarias de los terrenos de que se trata en la comunidad  Cabeza de Toro y los invasores y ocupantes ilegales de dichos terrenos, bajo cualquier pretexto.

El desalojo, realizado por Yura SRL y Paraíso Tropical, C. por A., autorizado por la Fiscalía de Higüey, se produjo el 12 de noviembre del año pasado, y el 17 del mismo mes Contreras se presentó en el lugar con un miembro del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).

Las empresas propietarias de los terrenos, explican, cuenta con todos los permisos y autorizaciones para controlar el acceso de invasores, intrusos, ocupantes u organizadores de viajes de ilegales, que quieran acceder a los terrenos y a la playa del litoral en vehículos, lo que está prohibido por ordenanzas del Ministerio de Turismo.   

 El proyecto turístico que se planifica está amparado en  el decreto 644-07, dictado por el Presidente de la República el 15 de noviembre del año 2007.

Domingo Berigüete

Periodista especializado en prensa jurídica y eléctrica