Para quienes investigan el fenómeno en la última década, la delincuencia criminal en América Latina y el Caribe está relacionada a la estructura desigual, la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción como práctica formal e informal, la socialización en las respuestas violentas en los conflictos, el armamentismo individual y grupal, el abuso de las drogas y el alcohol, la cultura en incremento del narcotráfico y más.

De hecho, esta región es la más violenta del mundo, con las tasas de homicidios más elevadas. Ya para el primer decenio de este milenio, la investigación de Mayra Brea y Edylberto Cabral para el país, “La violencia en República Dominicana: Naturaleza, evolución reciente y perspectivas de control”, publicada en la Revista Psicología Social Científica en 2009, decía que, para el período 2000-2004, América Latina y el Caribe tenía una tasa de homicidio que superaba la de África Subsahariana.

En los informes actualizados, seguimos siendo el lugar donde se registran año tras año, la mayor cantidad de homicidios intencionales del mundo en términos absolutos y por número de habitantes. Hacia 2018, la tasa promedio de homicidios en el mundo con tendencia descendente, fue de 5,8 por cada 100.000 habitantes, África, sigue ocupando el segundo lugar con 13 homicidios por 100.000 habitantes y América Latina y El Caribe, con el nivel más alto de 16. (El informe es del investigador Hiram Hernández B., de la UNAM, México, para 2019).

Todo indica que, ninguna reforma en el funcionamiento de seguridad de nuestros países resolverá mientras solo encare la modificación de la estrategia represiva de las fuerzas policiales. En nuestro caso, las políticas públicas aplicadas durante décadas contra la violencia y la delincuencia han fracasado y la “mano dura”, rotación de personajes, incorporación de “campañas”, etc., no ha servido.

Mientras se mantengan las deficiencias estructurales del enfoque sociocultural de doble moral y corrupción con que nos administramos en niveles público y privados, referidos continuamente por los acontecimientos violentos en el país, como lo sucedido la pasada semana en La Romana, seguiremos manteniendo un encuadre doloroso.

De manera oficial, hay que desestructurar la delincuencia administrativa, avalada por un ejercicio generalizado desde las grandes organizaciones políticas que no sirve al pueblo ni resuelve las necesidades básicas de una gran mayoría del país, manteniendo una práctica deshonesta permanente.

De manera individual, las personas somos todas responsables frente a la necesidad de desmontar prácticas y actitudes personales que sustentan la gran corrupción, parimos, criamos y socializamos.
Ambos, somos responsables del cambio.