POR: Eddy Olivares Ortega

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Recursos del Estado en campaña

Contrario a las buenas prácticas que deben primar en las modernas democracias de partidos, nuestros estadistas han preferido revisar casi cuatro siglos más tarde el Leviatán del célebre pensador inglés Thomas Hobbes, adaptándole un capítulo en el que el Estado pierde el sentido y trata de devorar a quienes se atreven a desafiar electoralmente al titular del Poder Ejecutivo.

El Estado, abusivamente convertido en parte decisiva de los procesos electorales dominicanos, los desequilibra y los desarmoniza. Es un prisionero de los gobernantes,que lo utilizan en violación de la equidad que debe primar en las contiendas democráticas, con el único propósito de mantener su control. Esta es la gran anomalía de las campañas y las precampañas electorales. La integridad de las contiendas electorales empieza a agonizar desde las primarias, convenciones o asambleas que celebran los partidos políticos para escoger los cargos de dirección partidaria y de elección popular.

Cuando se trata de la escogencia de los directivosdel partido gobernante de turno, los recursos del Estado se utilizan en contra de los que internamente adversan al presidente. Competir contra el Jefe del Estado o los alcaldes de los ayuntamientos en una contienda interna es una verdadera odisea. En este caso, la integridad queda sepultada indistintamente por las nóminasdel gobierno central y los gobiernos locales.
Sin embargo, en los procesos internos en los que se seleccionan los candidatos a los cargos de elección popular, incluido el de presidente de la República, así como en las elecciones, se utilizan todos los recursos disponibles del Estado, tales como publicidad disfrazada, vehículos, contratas de obras, locales, actos públicos, ayudas sociales y la nómina del Estado. La integridad queda desprotegida y no existe la ética.

Sin embargo, donde existen órganos electoralesresponsables y creíbles, seimpide el uso abusivo de los recursos del Estado. La debilidad o permisibilidadde la institución electoral, cómplice o no, lahace responsable del cuestionamiento a los resultados de las elecciones.

En nuestro caso, la Junta Central Electoral conforme al artículo 212 de la Constitución,tiene potestad -de la cual no ha hecho uso- para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación. Ese mismo textole ordena, sin que todavía lo haya cumplido, velarporquelos procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento.

Por su parte, la Ley Electoral en su artículo 47 condena el uso de los recursos públicos, al considerar ilícita la intervención directa o indirecta del Estado, de cualquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos o descentralizadas yde los ayuntamientos o entidades dependientes de éstos, en el sostenimiento de los partidos o el financiamiento de sus campañas.

Resulta inconcebible que cada certamen electoral genere impunemente un déficit presupuestario. La erradicación del uso abusivo de los recursos del Estado en las campañas y las precampañas electorales se ha constituido en el gran desafío de nuestra democracia. Solo cuando esa meta sea alcanzada tendremos una sana y verdadera democracia.