Una amplia reforma
Las élites políticas y la sociedad civil, finalmente, han sido invitadas a la mesa del dialogo. En la misma será servido un menú que se limitará, exclusivamente, a la creación de una Ley de Partidos y a la modificación de la Ley Orgánica Electoral. Se pretende que estas iniciativas sean degustadas como si fueran la quintaesencia para la solución de todos los males que pervierten nuestra defectuosa democracia representativa.
Muchas veces nuestros partidos y la sociedad civil, se obsesionan con determinados aspectos relativos a las normas políticas, tal y como ocurrió, por ejemplo, con la desacertada decisión de unificar las elecciones y de crear el Tribunal Superior Electoral, y no toman en cuenta, en las escasas ocasiones en las que se llevan a cabo las reformas, otros temas de igual relevancia. En esta oportunidad la fijación es la Ley de Partidos Políticos.
Esta es la única explicación para que diversos temas que afectaron a los partidos de oposición, en los comicios que acaban de transcurrir, entre los que se encuentran la distribución de los escaños de senadores, de diputados y de regidores, no hayan sido propuestos por estos para ser incorporadas al diálogo que, hace más de veinte años, pastorea Mons. Agripino Núñez Collado.
¿Cómo se puede justificar que un partido político pueda llevarse todos los escaños de senadores en unas elecciones? Esto es lo que ha venido ocurriendo en las diferentes elecciones congresuales. Como consecuencia de ello, en los hechos, la teoría de la división de los poderes de Montesquieu ha sido borrada de nuestra democracia. En ese sentido, resulta innegable que los tres poderes tradicionales, conjuntamente con los llamados órganos extrapoderes, han sido fusionados en uno solo: el Ejecutivo. Lo anterior demuestra la urgente necesidad de reformar el sistema electoral, para lograr la democratización del poder, de caras a las elecciones del 2020.
Para politólogo alemán, Dieter Nohlen, “el concepto sistema electoral en su sentido restringido –y científicamente estricto–, se refiere al principio de representación que subyace al procedimiento técnico de la elección, y al procedimiento mismo, por medio del cual los electores expresan su voluntad política en votos que a su vez se convierten en escaños o poder público”.
De los diez países latinoamericanos con sistema bicameral, solo en la República Dominicana se elige Senado por mayoría relativa en circunscripciones uninominales. El modelo argentino contempla tres senadores por cada provincia, de los cuales al partido que obtiene mayoría le corresponden dos y al que queda en segundo lugar uno. En este sistema electoral, diferente al nuestro, ningún partido tiene la posibilidad de controlar de plenamente la Cámara Alta.
En el caso de la República Dominicana, sería conveniente que el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La vega, en razón la densidad poblacional de cada una, tengan tres escaños de senadores, distribuidos de modo similar que el modelo argentino. Por otro lado, debe proponerse la eliminación del arrastre, a fin de que sean elegidos de manera directa por los electores.
Tanto la democratización del poder como el diseño de un auténtico sistema representativo, deben ser integrados al diálogo sobre las reformas políticas, las cuales se espera sean aprobadas antes de finalizar el 2016.