La sociedad civil activa

Motivadas en que las oligarquías de los partidos se caracterizan por actuar de forma improvisada y coyuntural, las tendencias que tienen el control de los organismos partidarios tienden a obstaculizar la aprobación de leyes llamadas a contribuir con su democratización, como la Ley de Partidos, con el propósito de administrar sus elecciones internas sin la intervención de un tercero imparcial.

Las reformas políticas han sido aprobadas, tradicionalmente, en medio de crisis políticas extremadamente graves. Por lo tanto, es muy poco probable que las élites partidarias aprueben la Ley de Partidos y modifiquen la Ley Electoral por su propia voluntad.

Sobre lo anterior, el sociólogo alemán Robert Michels, a propósito de la ley de hierro de la oligarquía, advirtió a principios del siglo XX lo siguiente: “…siempre el líder buscará incrementar o mantener su poder, a cualquier precio, incluso olvidando sus viejos ideales”.

Cuando las oligarquías políticas se resisten a aprobar las leyes necesarias para la democratización de los partidos políticos, le corresponde a la sociedad civil convertirse en la tenaz reclamante de las nuevas normas.

Los partidos políticos son los intermediarios indispensables entre el Estado y la sociedad para la canalización de las demandas de los ciudadanos, por lo que a las organizaciones de la sociedad civil les asiste el derecho legítimo de propugnar por el funcionamiento democrático y transparente de los mismos, tal y como lo dispone el artículo 216 de la Constitución Política.

En ese sentido, el reconocido filósofo italiano, Norberto Bobbio, sostiene lo siguiente: “…s. civil y estado no son dos entes sin relaciones entre sí sino que entre uno y otro existe una interrelación permanente. Uno de los modos más frecuentes de definir a los partidos políticos es el de mostrar la función de articulación, de agregación y de transmisión de las demandas que provienen de la s. civil y están destinadas a resultar objeto de decisión política”.

Si la sociedad civil se hubiese movilizado, como todo parece indicar que ocurrirá a partir del próximo día 16 de agosto, cuando haciendo uso de su amplia mayoría el partido dominante conformó, de una manera avasallante, las distintas cortes, es muy probable que la conformación de esos órganos hubiese sido más equilibrada.

Nunca como ahora que el Sistema de partidos y los órganos electorales se encuentran sensiblemente afectados en su credibilidad como producto, principalmente, de la ausencia de democracia interna que prevaleció al momento de escoger los candidatos a los cargos de elección popular, de la inequidad que caracterizó la campaña electoral y del fracaso de la automatización del escrutinio, fue tan conveniente que la sociedad civil le de seguimiento al debate sobre las reformas políticas y la integración de los órganos constitucionales.

La meta, en lo inmediato, de la sociedad civil debe ser la aprobación de una Ley de Partidos que garantice que las entidades políticas funcionen de forma democrática y transparente, así como de una reforma a la Ley Orgánica Electoral que obligue a la Junta Central Electoral a garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, tal y como lo consagra el artículo 211 de la Constitución Política.