La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia sobreseyó (suspendió) el conocimiento del juicio de fondo a la diputada por San José de Ocoa, Josefa Altagracia Mejía Macea, acusada de falsedad de documentos bancarios y uso de documentos falsos para adquirir una planta de combustibles en esa provincia.

El tribunal de jurisdicción privilegiada detuvo el conocimiento del proceso, con el propósito de que la alta corte designe el juez especial de la Instrucción que conocerá la objeción al dictamen del Ministerio Público.

El abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón, representante legal de la querellante explicó que se designará un juez especial que conozca sobre algunos incidentes de procedimiento que habían quedado sin decidir por un juez de la instrucción de Ocoa.

La legisladora es objeto de una acusación privada que le hace la señora Juana Grecia Tejeda y la compañía Emil Gas, propietaria de una estación de combustibles.

Los alegados ilícitos fueron cometidos antes de ser escogida como diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, organización que luego abandonó para pasar a la Fuerza del Pueblo.

“El expediente se basa en la pretensión, sin ningún sustento, de esa persona que dijo haber comprado esa plata de combustible, lo que dio paso a una demanda a la persona, a la que dice ella haberle pagado dinero y haber firmado alguna clase de documentación, pero resulta que esa persona no es dueña del terreno ni accionista de la compañía, sino empleada de la envasadora de combustibles”, refirió Pantaleón.

Señaló que, inicialmente, el expediente se conocía en Ocoa, donde el Ministerio Público ordenó hacerle una experticia caligráfica a los documentos con los que la imputada pretendía demostrar que le pagó una suma de dinero a una persona para adquirir la estación, pero cuando se hizo prueba en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), resultó que la firma no se corresponde ni con la de la persona que ella alega pagarle el dinero”.

En esa oportunidad, “el Ministerio Público archivó y desestimó esa querella. Eso tiene varios años y no se ha podido lograr, que por la debilidad de la justicia en ese departamento judicial por lo que no se ha logrado que el archivo del expediente se haga definitivo y, de hecho, hay una medida de coerción real de la que se tiene dos años tratando de levantar en contra de una persona que no tiene nada que ver con eso, que es Juana Grecia, quien además es víctima de una situación de la que se pretende despejar de su planta de gas con mecanismos jurídicamente fraudulentos, con documentos falso”, precisó el jurista.

Refirió que al determinarse que los documentos eran falsos, Juana Grecia se querelló contra la imputada que dijo haber comprado y contra una notario por falsedad de documento de comercio.