A la par con los padecimientos del Poder Judicial que por falta de dinero no ha podido instalar 101 tribunales creados por ley, el Ministerio Público acusa graves debilidades en el manejo de la investigación penal, a juzgar por los muchos casos de crímenes y delitos que quedan sin resolver, algunos de los cuales crean suspicacias por la lentitud, ineficiencia o desgano con que se manejan.

Se sabe que los fiscales carecen del instrumental necesario para poder acometer con mayor prontitud las indagatorias sobre infracciones a la ley penal en el ámbito de un Código Procesal Penal que se mercadea como garantista de los derechos de procesados y víctimas, pero en esa lentitud se germina el virus de la impunidad.

La figura de la reincidencia se ha convertido en un agravante cotidiano en casi todas las acusaciones de índole criminal que el Ministerio Público tramita a la jurisdicción de justicia, lo que indica que una impresionante cantidad de justiciables han sido sometidos y recuperado su libertad a causa de debilidad probatoria que comprometan su responsabilidad penal o por ocultos privilegios procesales.

Como ejemplos al azar de tales deficiencias se mencionan los expedientes aun no resueltos de la muerte por envenenamiento de dos abogados de un mismo bufete y de una odontóloga asesinada al llegar a su hogar, sin que se explique las razones del empantanamiento en las investigaciones de esos casos.

El 15 de febrero el cuerpo de Antonio Vegazo fue encontrado en la oficina donde laboraba en el sector Los Peralejos, y el mismo día 15 el de su colega Fausto Moreno Matos, en su apartamento ubicado en la misma zona del kilómetro 13 de la carretera Duarte, sin que todavía se precise si se trató de un caso de homicidio, a pesar de que la Fiscalía envió muestras a un laboratorio criminológico de Puerto Rico, sin revelar sus resultados.

La doctora Rosanna Liriano Liriano fue asesinada el 11 de mayo de un balazo al corazón cuando retornaba a su residencia, en el sector Mirador Sur, pero las autoridades no han podido identificar al autor de ese crimen, ni señalar la posibilidad de que el homicida forme parte del entorno de la dama.

Los casos de esos abogados fallecidos por envenenamiento y de la odontóloga asesinada casi en la puerta de su casa, constituyen claros desafíos al Ministerio Público y a la Policía, cuyos incumbentes no pueden ni deben apostar al olvido o al vencimiento por cansancio del legítimo reclamo de que se esclarezcan.

Los muchos expedientes criminales sin resolver sirven de fertilizantes para que sobre la sociedad crezca y se expanda la mala hierba de la violencia delincuencial o para que se alegue que la criminalidad avanza y se extiende alentada por las deficiencias y limitaciones de Fiscalía y Policía. O lo que sería peor: que en esas instancias se alienta la impunidad.