Lo que menos conviene a la Junta Central Electoral (JCE) a estas alturas de la campaña es un conflicto interno, que se refleje de manera negativa en la organización y resultados de los comicios del 16 de mayo.

Las cámaras Administrativa y Contenciosa tienen que hacer todo lo que las circunstancias demandan para evitar cualquier ruido que pueda afectar la organización del certamen.

La condición de juez debe imponerse por encima de cualquier tipo de diferencia, por lo que los magistrados están compelidos a actuar como tales. La Cámara Administrativa, que preside el magistrado Roberto Rosario, expresó quejas por supuesta demora para fallar expedientes de impugnaciones y otras instancias elevadas por candidatos y partidos políticos.

Los jueces de la Cámara Contenciosa refutaron esa imputación con la publicación de un documento de defensa a sus actuaciones en el que también afloran las contradicciones que agobian al tribunal.

Es obvio que con dimes y diretes, la JCE no podría cumplir cabalmente con la tarea de organizar elecciones libres, transparentes y concurridas.

A menos de tres semanas para unas votaciones todavía carentes de entusiasmo, lo más saludable sería que los jueces electorales procuren formas de avenencias que les permitan cumplir con el cronograma organizativo del certamen.

El presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, ha hecho una oportuna exhortación al resto de sus colegas para que se comporten como árbitros y no como jugadores.

Hay que señalar que la tardanza que se atribuye a la Cámara Contenciosa en el conocimiento de centenares de impugnaciones tiene su causa en la imprevisión, temeridad, negligencia e irresponsabilidad de los partidos en el proceso de escogencia de sus candidatos.

Con tan ardua tarea por delante, cámaras Administrativa y Contenciosa de la JCE insisten en flagelarse entre sí, inexplicable conducta que pone en riesgo todo el proceso electoral.

Se reclama, pues, a los jueces electorales, no jugar con sustancia inflamable y atender a su trabajo.