Un permanente y extendido activismo electoral desplaza de los primeros planos de la discusión pública temas de urgencia nacional como el agobiante alto costo de la vida, inseguridad ciudadana y la dilatada crisis del subsector eléctrico, cuyos debates sobre alternativas de soluciones duran menos que cucaracha en gallinero.

Es el caso del sometimiento hecho por la Distribuidora de Electricidad (EdeEste) contra la generadora AES Dominicana por supuesto incumplimiento de un contrato que obligaría a esta empresa de origen estadounidense a proveer al menos 300 megavatios a la compañía estatal.

AES Dominicana defendió su derecho a proveer energía a clientes no regulados, como el caso de una multinacional minera, en detrimento de los requerimientos de EdeEste, a cuyos ejecutivos acusó junto a autoridades de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), de verter en su contra constantes ataques.

Los ejecutivos de EdeEste alegan que cuando esa empresa pertenecía a AES Dominicana, esta generadora ganó un concurso para suplir 300 megavatios a la distribuidora a 0.06 centavos de dólar por un período de 15 años, pero cuando la distribuidora fue readquirida por el Estado, la generadora ha pretendido desconocer esa obligación contractual.

El Senado, convertido en Comisión General, no logró alcanzar algún tipo de solución entre las partes, por lo que se dijo que el conflicto sería dirimido en los tribunales o en algún escenario de arbitrio internacional, donde el Gobierno ha tenido amarga experiencia en confrontar a esa empresa generadora de electricidad.

Se recuerda que AES cedió EdeEste a un banco de inversión de origen francés, que a su vez demandó al Estado dominicano en cuatro tribunales internacionales por más de mil millones de dólares por daños y perjuicio ocasionado por lucro cesante, imputado al Gobierno, que tuvo que, como arreglo extrajudicial, adquirir esa empresa por 26 millones de dólares y asumir su cuantiosa deuda.

Ningún poder fáctico o mediático parece interesado en este nuevo conflicto que agrava la situación de precariedad del subsector eléctrico, como tampoco nadie inquiere saber por qué no se ha construido el gaseoducto de 20 kilómetros desde el puerto de Andrés hasta el complejo Cogentrix que ofertaría 300 megavatios producido con gas natural.

Ojalá que la política ceda algún espacio en la agenda de prioridades para que Gobierno y sociedad puedan abordar con responsabilidad y buen juicio un problema tan serio y acuciante como el que se refiere al hecho cierto de que una telaraña de intereses inhabilita la capacidad del subsector eléctrico para poder suplir la energía requerida por la población y su aparato productivo.