El temor entre jueces de La Romana dada la peligrosidad que se le atribuye al grupo que lidera el imputado, fue la causa principal que motivó que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declinara al Distrito Nacional el conocimiento del proceso y medida de coerción al alegado narcotraficante Jesús Pascual Cabrera Ruiz.
El Ministerio Público lo acusa de liderar una banda de narcotraficantes que desde la cárcel de La Romana mandó a matar a más de una decena de personas.
Su caso lleva casi dos años en la jurisdicción de La Romana sin que hasta le fecha se le haya conocido medida de coerción, debido a que por diversas razones los jueces se inhiben.
Ayer, el pleno de la SCJ dispuso la declinatoria del proceso por ante la Coordinación de Juzgados del Distrito Nacional, quien deberá conocerle medida de coerción junto al grupo de acusados.
El cambio de jurisdicción fue solicitado por el Ministerio Público de La Romana, a los fines de garantizar “una buena administración de justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley”, en razón de que el imputado tiene más de un año detenido sin que se le haya podido conocer medida de coerción, debido a las tácticas dilatorias utilizadas por sus abogados.
Cabrera Ruiz guarda prisión preventiva junto a otras 13 personas acusadas de narcotráfico, lavado de activos y sicariato. Su caso era conocido por un tribunal en La Romana, donde ha sido reenviado 14 veces.
Entre los magistrados que desde diciembre del 2018 han declinado conocer el caso figuran Franchesca Silvestre, Vicki Chalas, Idenisse Catedral, Ismael Nehemías y Denia Beras. Esta última alegando tener vínculos con abogados de los imputados.
La última de las juezas fuera del caso, tras haber sido recusada, lo es Madelquis Franco.
